El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para intentar frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación busca impedir nuevas actividades hidrocarburíferas, restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones, preservar el medio marino y evitar que el Reino Unido otorgue nuevas licencias mientras se sustancia la controversia internacional.
“La República Argentina ha presentado hoy… una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, informó la Oficina del Presidente.
La decisión se concretó tras el vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había otorgado a Londres para frenar las actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El Reino Unido rechazó el planteo y defendió las autorizaciones otorgadas por las autoridades isleñas, lo que llevó al Gobierno argentino a activar el procedimiento urgente previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
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La presentación fue elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, junto con Legal y Técnica, liderada por María Ibarzabal, y la Procuración del Tesoro. La Cancillería, a través de la Consejería Legal Internacional, intervino en la preparación técnica del reclamo, que busca preservar los derechos soberanos argentinos mientras se constituye el tribunal arbitral del Anexo VII, un proceso que puede demorar varios años.
Quirno detalló los cuatro pedidos formulados ante el Tribunal del Mar. El primero apunta directamente a Sea Lion: la Argentina solicitó que se impida el inicio o la continuación de la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte. Aunque la producción comercial está prevista para 2028, las empresas ya adoptaron decisiones de inversión y avanzan con preparativos para perforar en 2027, lo que fundamenta la urgencia del reclamo.
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El segundo pedido busca evitar que el Reino Unido utilice la información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos. Se trata de datos geológicos, geofísicos y técnicos que permiten evaluar los recursos hidrocarburíferos y que, según el Gobierno, no deberían ser empleados mientras la controversia permanece abierta.
El tercer requerimiento introduce la dimensión ambiental. La Argentina pidió que el Reino Unido cese de impedirle cumplir con las obligaciones derivadas de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, que establecen la protección del medio marino y la prevención de la contaminación. El planteo vincula estas obligaciones con las actividades de exploración y explotación en los espacios marítimos en disputa.
El cuarto pedido apunta a evitar nuevas decisiones unilaterales. La Argentina solicitó que el Reino Unido se abstenga de otorgar permisos adicionales o adoptar medidas que puedan agravar la controversia, en línea con la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que insta a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso de negociación.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá determinar si existe una base de jurisdicción prima facie y si las circunstancias justifican una intervención urgente. Puede aceptar, rechazar o modificar los pedidos argentinos.
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Si ordena medidas provisionales, serán obligatorias para ambas partes conforme al artículo 290.6 de la CONVEMAR. “Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional…”, expresó Quirno al concluir su publicación.
El antecedente más cercano para Argentina es el caso de la Fragata Libertad, en el que el Tribunal ordenó en 2012 la liberación inmediata del buque retenido en Ghana. Otro precedente relevante es la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, en la que se dispusieron medidas provisionales para frenar perforaciones petroleras en un área marítima disputada.
Mientras tanto, las empresas involucradas en Sea Lion continúan con sus planes. Rockhopper anunció una inversión de USD 44 millones en el FPSO OSX‑1 y Navitas trabaja para reemplazar contratistas tras la decisión de Halliburton de abstenerse de prestar servicios. La continuidad de estas inversiones forma parte del contexto que la Argentina utiliza para fundamentar la urgencia de su presentación.
La primera resolución del Tribunal podría conocerse en noviembre, en un momento en el que las compañías avanzan hacia las perforaciones de 2027 y la producción comercial prevista para 2028. La decisión determinará si corresponde establecer restricciones temporales sobre Sea Lion y otras actividades vinculadas con los recursos marítimos en disputa.
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