El Gobierno de Javier Milei publicó el listado oficial de 45 empresas y ejecutivos sancionados por participar en la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La medida busca trasladar la disputa de soberanía al terreno económico y desincentivar la explotación unilateral de recursos en el Atlántico Sur.
Las sanciones alcanzan a compañías británicas, canadienses, israelíes, estadounidenses, danesas, suecas, sudafricanas y neerlandesas. Entre las principales figuran Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, JHI Associates, Borders & Southern y Noble Corporation, además de fondos de inversión y proveedores estratégicos.
El documento oficial las califica como “ilegítimas licenciatarias”, al considerar que operan sin autorización de Buenos Aires en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina. Las restricciones incluyen prohibiciones para operar en el país, limitaciones financieras, impedimentos para participar en licitaciones y restricciones migratorias para personas físicas.
Dentro del grupo vinculado a Navitas Petroleum, se sancionó a accionistas como Harel Insurance, Migdal, Phoenix Holdings y Meitav Investment House, además de ejecutivos israelíes como Gideon Tadmor Cohen y Jonathan Sternberg.
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Por su parte, Rockhopper Exploration quedó alcanzada junto a accionistas como Noked Capital, Aedos Advisers, Exodus Management Israel y Ion Fund Management, además de directivos británicos Samuel Moody y William Rees Perry.
También se incluyó a Borders & Southern, con accionistas en Reino Unido y Canadá, y a JHI Associates, vinculada a Eco Atlantic Oil & Gas y fondos internacionales como CIBC Asset Management, Avanza Bank Holding y Coronation Fund.
El Gobierno sostuvo que el objetivo es “reforzar la posición argentina frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el Atlántico Sur”. La estrategia se complementa con acciones diplomáticas y reclamos ante organismos internacionales.
La decisión generó tensión con el Reino Unido, que considera legítimas las operaciones bajo su legislación local. Medios británicos señalaron que las compañías continuarán con sus actividades, mientras Argentina insiste en que cualquier explotación sin autorización nacional constituye una actividad ilegítima.
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