Ante los 21 jueces del Tribunal Internacional del Derecho del Mar con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, la delegación argentina exigió una orden provisional urgente para frenar la exploración y explotación hidrocarburífera en la cuenca Malvinas Norte. El estrado supranacional fijó el próximo sábado 28 de noviembre como fecha límite para dar a conocer su decisión sobre las medidas conservatorias solicitadas.
La presentación formal de la República Argentina estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de Presidencia, María Ibarzabal; el consejero legal de la Cancillería, embajador Mario Oyarzábal; y los especialistas internacionales en Derecho del Mar Nico Schrijver y Marcelo Kohen. Durante las audiencias técnicas, la comitiva argumentó que el avance del proyecto offshore Sea Lion —promovido por la firma israelí Navitas Petroleum junto a la británica Rockhopper Exploration— amenaza con provocar alteraciones irreversibles en el ecosistema marino de aguas en disputa.
En su petitorio formal ante el tribunal, el embajador Oyarzábal requirió que el Reino Unido adopte todas las previsiones necesarias para impedir la ejecución de nuevas perforaciones con fines de extracción comercial. La demanda gubernamental incluye también la prohibición de instalar infraestructura productiva vinculada al yacimiento y el cese de medidas unilaterales que agraven el diferendo de soberanía en la plataforma continental.
Adicionalmente, la postura nacional exigió que la administración británica se abstenga de utilizar datos técnicos recabados durante la etapa exploratoria en detrimento de los derechos soberanos argentinos. Por su parte, el planteo jurídico subrayó la necesidad de garantizar el cumplimiento estricto de las obligaciones de preservación ambiental contempladas en los artículos 192 y 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
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Las audiencias desarrolladas en el continente europeo reabrieron el debate sobre el control operativo de los recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur. Mientras se sustancia la constitución definitiva del tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR, los operadores logísticos y las empresas proveedoras de servicios petroleros analizan con cautela el escenario regulatorio.
Cualquier medida cautelar que resuelva el cuerpo de magistrados el próximo 28 de noviembre alterará de manera directa los cronogramas de contratación y los flujos de inversión de capital (CAPEX) proyectados por las operadoras privadas para el desarrollo de la cuenca. El impacto económico de un eventual freno operativo repercute de forma transversal en toda la cadena de valor vinculada a la industria offshore de ultramar.
Las repercusiones de este litigio internacional configuran un escenario de máxima atención para los inversores y reguladores del sector energético. La resolución que dicte el Tribunal del Mar sentará un precedente clave sobre la gobernanza de los espacios marítimos y la viabilidad temporal de los proyectos hidrocarburíferos disputados en la región.
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