El “Green Bank” da pasos firmes en su constitución. Tras la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” [Ley 17-2019] que creó el fideicomiso de energía verde, la entidad adquirió personería jurídica y ya estaría por recibir los primeros fondos federales.
El monto inicial identificado por el Gobierno de Puerto Rico y aprobado este mes luego de ser discutido en distintas instancias sería de 200 mil dólares. Y la caja podría ser aún más grande para esta iniciativa.
“Separamos $400 millones de los fondos CDBG-MIT para que nuestra gente tenga acceso a placas solares, democratizando así la energía renovable para las próximas generaciones”, aseguró el gobernador Pedro Pierluisi a finales del 2021.
Si bien el monto total mencionado todavía no fue inyectado, el hecho de que el fideicomiso pueda recibir tanto fondos públicos como privados permite creer que se alcanzarán montos superiores al lograr la madurez de sus mecanismos de financiamiento.
¿Cuál será el destino de aquellos fondos? El espíritu de la Ley 17 es dar lugar a créditos especiales para apoyar financieramente a proyectos sostenibles tales como sistemas de generación a partir de energías renovables y eficiencia energética.
Con esta iniciativa se buscaría democratizar el acceso a la energía, dotar de resiliencia al sistema eléctrico y ampliar el parque de generación con tecnologías sostenibles, así como motivar la cultura del ahorro y uso eficiente de la energía.
Ahora bien, impulsar todo aquello aún no sería posible hasta tanto termine de constituirse este «Green Bank” y se anuncien las líneas de financiamiento especial que abrirá.
