La empresa estatal Impulsa Mendoza inició formalmente el proceso de evaluación ambiental del Distrito Minero Mendoza Norte, al presentar ante la Autoridad Ambiental Minera el Informe Ambiental Integral del Distrito y los 20 Informes de Impacto Ambiental correspondientes a las campañas de exploración previstas en 65 propiedades. La documentación marca el primer paso administrativo antes de cualquier autorización para realizar trabajos en campo.
El distrito abarca 5.500 km² y reúne antecedentes geológicos que sustentan su potencial polimetálico. La consultora internacional Knight Piésold elaboró los estudios ambientales, que describen el ambiente, los trabajos proyectados y las medidas de prevención, mitigación y seguimiento. El análisis incluye agua, glaciares, flora, fauna, comunidades y patrimonio cultural, además de una evaluación acumulativa para determinar impactos si varios proyectos operaran de manera simultánea.
Dentro del procedimiento, la Autoridad Ambiental Minera —integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental— debe realizar la revisión inicial de la documentación y emitir la resolución que habilita su evaluación técnica y legal. Solo después de ese proceso podrá definirse la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisito indispensable para avanzar hacia cualquier actividad exploratoria.
A partir de la normativa vigente, la DIA de los proyectos metalíferos debe ser remitida a la Legislatura de Mendoza para su ratificación. Ese paso agrega una instancia institucional adicional y determina los plazos efectivos para la planificación de campañas de perforación, estudios geofísicos y trabajos de prospección. Hasta que la DIA no esté aprobada, las propiedades permanecen sin autorización para iniciar tareas en terreno.
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El Norte mendocino presenta antecedentes técnicos relevantes, entre ellos el proyecto PSJ Cobre Mendocino, que confirma la presencia de mineralización asociada a pórfidos de cobre, oro y molibdeno, además de sistemas epitermales de distintas sulfuraciones. La combinación de geología favorable, accesos existentes y capacidades locales configura un escenario propicio para el desarrollo de una cadena productiva vinculada a la exploración.
A nivel operativo, la eventual aprobación de los informes implicaría demanda para servicios de perforación, geología, topografía, logística de altura y laboratorios especializados. También requeriría fortalecer la fiscalización estatal, dado que las actividades quedarían sujetas a condiciones específicas y a monitoreo permanente por parte de la Autoridad Ambiental Minera.
Por su parte, el Gobierno provincial sostiene que el distrito forma parte de una estrategia de ordenamiento minero orientada a atraer inversiones y diversificar la matriz productiva. La presentación de los informes ambientales consolida ese enfoque y abre una etapa de análisis técnico que definirá si las 65 propiedades pueden avanzar hacia la exploración inicial bajo estándares ambientales verificables.
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