El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz decretó la conciliación obligatoria en el conflicto que se desató en los yacimientos petroleros operados por Patagonia Resources, luego de que el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) anunciara un paro general en rechazo a los despidos.
Además, la cartera laboral ordenó dejar sin efecto las desvinculaciones denunciadas por el gremio y retrotraer la situación al estado previo a los despidos comunicados, con el fin de preservar la paz social en la región.
La próxima audiencia se llevará a cabo el 11 de mayo en la Delegación Las Heras del Ministerio de Trabajo, donde se abrirá una nueva ronda de negociaciones para evitar que se concreten nuevas cesantías en los yacimientos santacruceños.
Según el SIPGER, liderado por Rafael Güenchenen, la empresa AESA notificó despidos a operarios que prestaban servicios en los yacimientos bajo la operación de Patagonia Resources, lo que el sindicato calificó como una “grave e irresponsable decisión”.
Desde la organización sindical manifestaron que estas desvinculaciones constituyen “una violación de la conciliación obligatoria vigente” y exigieron “la inmediata retracción de todos los despidos realizados”.
Este conflicto se produce en un contexto complejo, ya que las nuevas operadoras de las áreas que YPF devolvió a la provincia el 1 de diciembre de 2025 aún no lograron reactivar los yacimientos, que permanecieron prácticamente paralizados durante todo 2025 y mantienen una escasa actividad en 2026.
El SIPGER ratificó la convocatoria a un paro general y otras medidas de acción directa en todas las áreas gestionadas por Patagonia Resources, en defensa de los puestos laborales, las familias petroleras y el desarrollo productivo de Santa Cruz.
El gremio también reclamó el cumplimiento efectivo de la conciliación obligatoria y el restablecimiento de las condiciones previas al conflicto, advirtiendo que “no existe posibilidad de sostener la paz social cuando las empresas responden con despidos en medio de una conciliación obligatoria”.
La responsabilidad de la escalada del conflicto fue atribuida por el sindicato a las compañías involucradas, que, según indicaron, están incumpliendo los acuerdos laborales vigentes.
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