Las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen mayoritario del proyecto de reforma de la ley de Zona Fría, impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca limitar la cantidad de distritos beneficiados con tarifa reducida y priorizar el pago a proveedores energéticos. La iniciativa contó con 43 firmas de los 82 diputados presentes en el plenario.
El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, aspira a que el proyecto reciba media sanción en la sesión prevista para el 20 de mayo. En la audiencia, la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y el subsecretario Damián Sanfilippo expusieron en defensa de la reforma. Tettamanti señaló que “lo que estamos recaudando con una alícuota del 7,4% sobre el metro cúbico de gas no alcanza y el Estado nacional, y cuando digo esto me refiero a los contribuyentes de todo el país, están poniendo 500 mil millones para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país”.
Además, la funcionaria advirtió que el proyecto prioriza el pago de la deuda con la empresa distribuidora Cammesa, lo que limita los recursos para inversiones y mantenimiento: “Si esos recursos… tienen que estar destinados a pagar las deudas del pasado, van a tener menos recursos para lo primero y, simultáneamente, esas compañías consideran que tienen el derecho a hacerle juicio al Estado por incumplimiento, cosa que es real”.
En contraste, los diputados de provincias patagónicas lideraron la oposición al expediente. Ariel Rauschenberger, de La Pampa, criticó el cambio de criterio para definir la Zona Fría: “Este enfoque de que la Zona Fría corresponde por nivel de ingreso y no por la zona climática a la que pertenece cada habitante de la Argentina, es totalmente contradictorio con la génesis que dio origen a la zona patagónica y este reconocimiento que tenemos los habitantes”.
Rauschenberger también cuestionó la exención del recargo a la exportación de energía: “¿Por qué desgravan del cargo a la exportación si estamos con un fondo fiduciario, donde los recursos no alcanzan?”. Además alertó que, de aprobarse la ley, el gas en La Pampa podría subir un 60%.
El diputado neuquino Pablo Todero afirmó que “no le van a sostener el régimen de Zona Fría a la Patagonia” y cuestionó si se subsidiará la energía exportada a otros países, que quedaría exenta según el proyecto. La santacruceña Ana María Ianni advirtió que la reforma elimina un piso legal de subsidio del 50% para la región y lo deja a criterio ministerial, mientras que Pablo Luque, de Chubut, calificó el proyecto como “una tragedia para el futuro energético de las familias argentinas”, señalando que solo beneficiarían a grandes grupos empresariales.
El proyecto oficialista propone derogar varios artículos de la Ley Nº 27.637, aprobada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, que ampliaba el régimen de Zona Fría para incluir más distritos en el beneficio de tarifas reducidas. Este régimen abarcaba regiones de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, gran parte de San Luis y Mendoza, entre otras zonas.
En los fundamentos de la iniciativa se destaca la necesidad de armonizar la ley de Zona Fría con el nuevo régimen de Subsidio Energético Focalizado (SEF), promulgado por el presidente Javier Milei en 2025, para garantizar un beneficio adicional a hogares registrados en el SEF y promover una segmentación más justa, eficiente y responsable en el uso de recursos públicos.
El proyecto sostiene que la ampliación territorial establecida por la Ley 27.637 incrementó el universo de beneficiarios y el costo fiscal, generando subsidios cruzados entre jurisdicciones y desnaturalizando el carácter focalizado del sistema. Por último, se exceptúa del recargo a los consumos destinados a la exportación de gas natural o GNL, así como a los inyectados al sistema de transporte provenientes de GNL importado y regasificado.
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