
La expansión de las redes de gas natural enfrenta un obstáculo que hasta ahora impidió avanzar con nuevas obras: las distribuidoras no consiguen financiamiento porque los plazos previstos en la regulación para recuperar las inversiones son mucho más extensos que los que ofrece el mercado financiero. Frente a esta situación, la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas) presentó una solicitud al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) para modificar las condiciones de repago de las obras y facilitar la llegada de capitales que permitan extender el servicio a nuevos usuarios. La consultora FIEL está trabajando en una propuesta que la asociación tiene previsto acercarle en breve al ente regulador.
La falta de inversión para ampliar las redes de gas natural es un problema que se arrastra desde hace varias décadas. Como advirtió EconoJournal, el porcentaje de hogares sin acceso al gas natural en la Ciudad de Buenos Aires pasó del 2,9% en 2001 al 21,5% en 2022, mientras que en los 24 partidos del conurbano bonaerense aumentó del 35,8% al 41% durante el mismo período.
El atraso tarifario que se prolongó durante buena parte de esas dos décadas contribuyó a frenar las inversiones destinadas a extender el servicio. Ahora, pese a la recomposición de los ingresos de las distribuidoras, las condiciones regulatorias y financieras siguen dificultando la expansión de la infraestructura.
Que dice la RQT sobre la ampliación de las redes
El plan de inversiones previsto en la Revisión Quinquenal Tarifaria negociada con las distribuidoras de gas natural a comienzos del año pasado contempla la realización de obras para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio, pero excluye las destinadas a ampliar la red.
Las inversiones asociadas a la expansión no están contempladas en la tarifa y deben ser ejecutadas bajo la metodología de Factor de Inversión (Factor K), un mecanismo regulatorio que permite incorporar a la tarifa un ingreso adicional destinado a remunerar inversiones específicas.
El esquema prevé que las obras se financien inicialmente con recursos de las distribuidoras de gas y se recuperen posteriormente con ese adicional a través de las tarifas que pagan los usuarios.
El problema es que el plazo de repago previsto en la regulación es más largo de lo que el mercado financiero está dispuesto a aceptar. Por lo tanto, ninguna distribuidora presentó un plan de inversiones destinado a ampliar la red porque no consiguen financiamiento para hacerlo.
Los plazos de repago
La metodología de la RQT que presentó Enargas en julio de 2024 establece expresamente que los proyectos ejecutados mediante el Factor K deben estar finalizados y habilitados dentro del quinquenio 2025-2029 y el recupero de esas inversiones “se hará en el período de tiempo que corresponda al tipo de bien y su vida útil según los criterios establecidos en la Resolución Enargas N° 1903/00”.
Fuentes públicas y privadas que conocen la normativa aclararon a EconoJournal que desde el año 2000 casi no hubo proyectos que se canalizaran a través de la metodología Factor K, pero en la década del 90 hubo varios y siempre se calcularon a 35 años. Ahí surgen los problemas porque ninguna entidad financiera presta dinero a ese plazo y entonces se genera un descalce. La solución que proponen desde Adigas es que el plazo refleje las condiciones del mercado financiero.
En el gobierno reconocen que los plazos actuales de repago son un problema. De hecho, en el pliego licitatorio de AMBA I, la obra de transporte más urgente que necesita el sistema eléctrico, fijo un plazo de repago de obra de siete años.
Otro problema es la tasa del costo de capital (WACC) del 7,64% anual, en términos reales y en pesos, que se fijó en la RQT, que también vuelve inviable los proyectos, sobre todo con el riesgo país actual, que supera los 800 puntos básicos.
Además, la mayoría de las distribuidoras aun no tienen los plazos de concesión extendidos. Se supone que el gobierno va a ir prorrogando las concesiones, pero las empresas quieren que esas prorrogas vayan de la mano de una mejora de la WACC y un acortamiento sustancial de los plazos de repago. Adigas expuso ante el Enrege este problema, pero luego acordó que le daría intervención a un tercero especializado para que fundamente su pedido. Por eso se decidió contratar a la consultora FIEL, que ahora está trabajando en el tema.
, Fernando Krakowiak












