Los gobernadores de las provincias mineras abrieron un frente político y jurídico alrededor del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Exigen que las grandes operadoras otorguen prioridad absoluta a proveedores locales y adecuen sus compras a las leyes provinciales, que fijan pisos de contratación mucho más altos que los previstos por la norma nacional.
El conflicto se centra en compatibilizar ese objetivo con el artículo 176 del RIGI, que establece que los proyectos adheridos deben contratar bienes y obras locales por un monto equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión destinada al pago de proveedores, sujeto a condiciones de precio y calidad de mercado.
Para el Gobierno nacional, ese “proveedor local” puede estar radicado en cualquier punto del país. Una empresa de Córdoba o Buenos Aires califica como local en una obra en Salta o San Juan. Las provincias, en cambio, buscan que el concepto se limite a firmas con domicilio real, fiscal y personal nativo en la jurisdicción, con metas que van del 50% al 70% de las contrataciones anuales. La diferencia de criterios abrió una tensión federal que atraviesa la expansión del litio y el cobre.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la mirada nacional y advirtió sobre los riesgos de fragmentar el mercado. “Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales, no vamos a poder desarrollar una escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan con equidad”, sostuvo.
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Los gobernadores de la Mesa del Litio y de la región minera respaldan la llegada de inversiones, pero advierten que la actividad no puede desarrollarse de forma aislada de las economías regionales. “Los recursos son de las provincias y el desarrollo debe quedarse en nuestra gente. No vamos a permitir que los proyectos operen como islas aisladas del tejido productivo local”, afirmó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. En la misma línea, el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, remarcó: “La condición es clara: consolidar la cadena de valor local. Queremos que el compre local no sea solo un compromiso de palabra”.
Desde Jujuy, el vicegobernador Alberto Bernis alertó sobre el riesgo de que las licitaciones terminen en manos de empresas de otras provincias o del exterior si no se protegen las firmas locales.
En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego impulsó en 2026 la Ley de Desarrollo Local Minero, que fija metas del 60% de compras provinciales y 80% de empleo local, amparándose en el artículo 193 del RIGI, que preserva las facultades provinciales para fomentar la contratación en sus territorios.
El caso de Rio Tinto funciona como disparador del debate. La multinacional informó que adjudicó más de US$1.800 millones a proveedores argentinos. En el proyecto Rincón (Salta), US$428 millones de los US$941 millones adjudicados a firmas nacionales correspondieron a proveedores salteños.
En Fénix 1B (Catamarca), destinó US$153,6 millones a proveedores locales sobre un total de US$310,7 millones. Aunque las cifras muestran una participación relevante, las provincias advierten por las zonas grises del sistema: sucursales de conveniencia que se radican solo para calificar en licitaciones y derivan el trabajo a otras regiones.
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La Ley 8164 de Salta exige que al menos el 70% del monto anual contratado corresponda a proveedores locales y que el 80% del personal tenga domicilio en la provincia. Además, fija que el 51% del capital de las sociedades debe pertenecer a socios salteños. En 2025, la provincia firmó un convenio con Rincón Mining y Capemisa para anticipar necesidades de compras y establecer mecanismos de seguimiento.
Las cámaras empresarias advierten que el desarrollo de proveedores provinciales enfrenta límites reales. Roberto Cacciola, presidente de Minera Santa Cruz y representante de CAEM, señaló que “las provincias quieren ser protagonistas, pero eso no va a alcanzar. Hay una ansiedad terrible con la minería, y los tiempos reales no van con esa ansiedad”. En Calingasta, donde se desarrolla Los Azules, predominan empresas de servicios básicos como hotelería y catering, mientras que las firmas capaces de ofrecer prestaciones especializadas son pocas y requieren capacitación, financiamiento y mejoras técnicas.
La discusión de fondo es jurídica y económica: hasta dónde pueden avanzar las provincias con sus preferencias y metas de contratación sin entrar en conflicto con las condiciones del RIGI. El artículo 193 preserva las facultades provinciales, pero el piso nacional del 20% y la definición amplia de proveedor local generan un choque de realidades entre Nación y provincias.
El desafío será determinar qué contratos pueden quedar en manos de empresas provinciales y cuáles requieren proveedores externos para sostener la escala de los proyectos de litio y cobre.
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