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El Gobierno extiende hasta 2027 las concesiones de cinco hidroeléctricas en medio de privatizaciones

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En el contexto del programa de privatizaciones impulsado por el Ministerio de Economía, el Gobierno nacional decidió extender hasta el 30 de abril de 2027 la vigencia de las concesiones de cinco empresas que operan centrales hidroeléctricas en el país. Esta medida busca asegurar la continuidad en la generación eléctrica mientras se desarrollan las licitaciones públicas a nivel nacional e internacional para adjudicar nuevas concesiones.

La extensión fue oficializada mediante el Decreto 1349/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según el texto, las compañías actuales mantendrán la operación de los complejos hidroeléctricos hasta esa fecha o hasta que los nuevos concesionarios asuman, lo que ocurra primero.

Con esta prórroga, el Ejecutivo busca evitar interrupciones en el suministro eléctrico durante el proceso de transición hacia los nuevos operadores. Las empresas beneficiadas incluyen a Hidroeléctrica Diamante S.A., encargada de las centrales Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre en Mendoza, con una capacidad conjunta de 388 megavatios.

Asimismo, se encuentran comprendidas Hidroeléctrica Río Hondo S.A., que opera las centrales Río Hondo y Los Quiroga en Santiago del Estero, con una potencia total de 17 megavatios. En Salta, AES Argentina Generación S.A. mantiene a su cargo las centrales Cabra Corral y El Tunal, con 111,1 megavatios instalados.

También incluye a Hidroeléctrica Tucumán S.A., que administra las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, sumando 51,6 megavatios, y a Hidroeléctrica Futaleufú S.A., responsable de la central Futaleufú en Chubut, con una capacidad de 560 megavatios. En total, las centrales en cuestión representan cerca de 1.127,7 megavatios de potencia instalada.

Para acceder a esta extensión, las concesionarias deben presentar una carta de adhesión ante la Secretaría de Energía dentro de los siete días corridos posteriores a la vigencia del decreto. Cumplido ese requisito, podrán operar hasta el 30 de abril de 2027 o hasta que los nuevos adjudicatarios tomen posesión. En caso de no presentar la adhesión, las compañías deberán garantizar la generación eléctrica durante al menos 45 días hábiles, periodo durante el cual el Estado se encargará de asegurar la continuidad del servicio.

El decreto también delega en la Secretaría de Energía la responsabilidad de definir las pautas para las licitaciones, elaborar la documentación necesaria y firmar los futuros contratos de concesión. El Gobierno argumenta que las licencias actuales están próximas a vencer, ya que fueron otorgadas durante la reforma del Estado iniciada en la década de 1990.

Además de estas concesiones, el proceso de renovación también abarca otras centrales hidroeléctricas como Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Los Nihuiles, cuyos concursos ya se encuentran en marcha.

En paralelo, el programa de privatizaciones registra avances en otros sectores. En septiembre, el Ministerio de Economía difundió los pliegos para licitar la concesión por 50 años del Belgrano Cargas, que incluye las líneas ferroviarias General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. La red ferroviaria abarca 7.594 kilómetros distribuidos en 16 provincias y conecta cinco cruces fronterizos.

Las empresas interesadas tienen plazo hasta el 11 de noviembre de 2026 para presentar sus ofertas, y se espera que la adjudicación se resuelva en los primeros meses de 2027. El modelo de concesión excluye el pago de canon estatal y aportes públicos, financiándose a través de peajes cobrados a las compañías ferroviarias y de ingresos comerciales derivados del uso de propiedades vinculadas a las vías.

Por otra parte, aún no se definieron plazos para la incorporación de capital privado en empresas estatales como Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA). Aunque la Ley Bases permite la participación privada en NASA, el Estado debe conservar la mayoría accionaria y el control. En YCRT, la participación estatal no podrá ser inferior al 51%, y durante 2026 se recibieron propuestas de inversión, incluyendo una oferta cercana a los USD 120 millones para sus cuatro unidades productivas.

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