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El nuevo RIGI amplía la competencia por los contratos de Vaca Muerta y la minería

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Mientras los grandes proyectos comienzan a pasar de los anuncios a la ejecución, el Gobierno introdujo un cambio que puede alterar significativamente el reparto de negocios dentro de las cadenas de abastecimiento. La modificación de la definición de proveedor local en el RIGI abre la puerta para que filiales argentinas de grupos internacionales compitan dentro del cupo reservado a empresas radicadas en el país, un mercado que moverá miles de millones de dólares durante la próxima década.

La novedad fue oficializada mediante el Decreto 1366/2026 y modifica uno de los aspectos más sensibles del régimen. Hasta ahora, una compañía debía estar constituida y domiciliada en Argentina, pero además mantener al menos el 51% de su capital bajo control local para ser considerada proveedora nacional. Con la nueva reglamentación, ese segundo requisito desaparece.

A partir de este cambio, la condición de proveedor local quedará determinada exclusivamente por la constitución y radicación de la empresa en territorio argentino, sin tener en cuenta la nacionalidad de los accionistas ni el origen del capital. En consecuencia, subsidiarias de grupos extranjeros instaladas en el país podrán competir dentro de los esquemas de contratación contemplados por el régimen.

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La modificación adquiere relevancia por el momento en que llega. Los grandes desarrollos de cobre, litio, petróleo, gas e infraestructura asociados al RIGI se preparan para demandar bienes y servicios en una escala sin precedentes. Proyectos como Vicuña, Los Azules, Agua Rica, Rincón y las expansiones vinculadas a Vaca Muerta requerirán contrataciones masivas durante las etapas de construcción y operación.

Desde la perspectiva oficial, la medida apunta a ampliar la cantidad de oferentes y facilitar el abastecimiento de iniciativas que necesitarán equipamiento, ingeniería, obras civiles, servicios especializados y soluciones tecnológicas en volúmenes inéditos para el mercado argentino. El argumento central es que el origen del capital no debería convertirse en una barrera para empresas que operan y tributan localmente.

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Sin embargo, la decisión despertó preocupación en sectores industriales y cámaras empresarias que ven un posible cambio en las condiciones de competencia. El cuestionamiento principal gira alrededor de la capacidad financiera, tecnológica y operativa que poseen muchas multinacionales respecto de firmas de capital argentino que históricamente aspiraban a captar una parte relevante de estos contratos.

El punto central de la discusión es que el porcentaje mínimo de compras locales exigido por el RIGI no fue modificado. Lo que cambia es quiénes pueden integrar ese universo. Empresas que antes no calificaban por la composición de su capital ahora podrán ser contabilizadas como proveedoras locales si están formalmente radicadas en el país.

La minería aparece entre los sectores donde el impacto podría sentirse con mayor intensidad. Los nuevos proyectos de cobre requerirán desde caminos, campamentos y líneas eléctricas hasta sistemas industriales de procesamiento, manejo de agua, transporte y automatización. Buena parte de esas contrataciones será disputada por actores con experiencia internacional en operaciones de gran escala.

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Algo similar ocurre en Vaca Muerta. Oleoductos, gasoductos, plantas de tratamiento, infraestructura de exportación y nuevos desarrollos energéticos generarán una demanda extraordinaria de bienes y servicios. La discusión ya no pasa únicamente por atraer inversiones, sino por determinar quién capturará el valor asociado a su ejecución.

Más allá de las posiciones enfrentadas, el cambio marca una nueva etapa en la evolución del RIGI. Durante los primeros meses el foco estuvo puesto en aprobar proyectos y atraer capitales. Ahora comienza a emerger una segunda discusión, igual de importante: cómo se distribuirán las oportunidades económicas derivadas de inversiones que suman decenas de miles de millones de dólares. En ese escenario, la definición de proveedor local se convierte en una pieza central para comprender quiénes serán los principales beneficiarios de la nueva ola de desarrollo energético y minero que atraviesa la Argentina.

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