El concurso internacional para explorar un área de la Cuenca Argentina Norte no surgió de una ronda programada ni de una iniciativa general del Gobierno para abrir nuevos bloques offshore.
La investigación oficial confirma que la licitación se origina en una solicitud puntual de una empresa extranjera y que el Ejecutivo debió activar el mecanismo legal correspondiente para canalizar ese pedido.
El 14 de febrero de 2025, Challenger Energy Group PLC, una compañía británica con antecedentes en exploración costa afuera en el Caribe y el Atlántico, presentó ante la Secretaría de Energía una manifestación de interés para operar en un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados en jurisdicción nacional.
La empresa pidió autorización para iniciar actividades exploratorias y solicitó que el Estado habilitara el procedimiento para adjudicar el área.
La Ley de Hidrocarburos no permite otorgar permisos de exploración de manera directa ante una solicitud empresarial. Cuando una compañía pide un área específica, el Estado debe abrir un concurso público competitivo para garantizar transparencia, permitir la participación de otros operadores y evitar adjudicaciones discrecionales.
La Secretaría de Energía evaluó la presentación de Challenger, verificó que el área estaba disponible y recomendó avanzar hacia un proceso abierto.
El 15 de julio de 2026, el Poder Ejecutivo formalizó esa decisión mediante el Decreto 590/2026, que instruye a la Secretaría de Energía a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar el permiso de exploración.
El decreto cita explícitamente la manifestación de interés de Challenger como origen del proceso y delega en la Secretaría la facultad de otorgar tanto el permiso como la eventual concesión de explotación, en caso de que los resultados técnicos justifiquen avanzar hacia una etapa comercial.
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El decreto incorpora además un esquema de prórroga de jurisdicción para arbitraje internacional bajo la Convención de Nueva York de 1958, una condición que suele ser requerida por operadores globales para contratos de largo plazo.
El Gobierno aclara que esta prórroga no implica renuncia a la inmunidad de ejecución sobre activos estratégicos: quedan protegidas las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, los activos vinculados a servicios esenciales, los bienes militares y el patrimonio cultural.
La convocatoria se inscribe en un contexto donde la Cuenca Argentina Norte ganó relevancia técnica tras la perforación del pozo Argerich-1, ejecutado por Equinor, YPF y Shell, que confirmó la existencia de un sistema petrolero activo. Ese antecedente reforzó el interés por áreas adyacentes y dio sustento geológico a la solicitud presentada por Challenger.
La licitación, por lo tanto, no es un movimiento aislado ni una política general de apertura indiscriminada del offshore.
Es la consecuencia institucional de un pedido empresarial que obligó al Estado a activar el mecanismo previsto por la normativa, en un momento donde la frontera marítima ampliada tras el reconocimiento internacional de 2016 ofrece nuevas áreas para exploración y donde el Gobierno busca atraer operadores con capacidad técnica y financiera para sostener inversiones de gran escala.
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