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El “RIGI de las pymes” no logra despegar y enfrenta críticas por sus exigencias de acceso

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El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) fue presentado por el Gobierno como una herramienta destinada a trasladar parte de los beneficios del RIGI al universo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa ofrece incentivos fiscales para promover inversiones productivas, pero a pocas semanas de su reglamentación los primeros indicadores muestran una adopción mucho menor a la esperada.

El esquema contempla dos beneficios principales. El primero es la amortización acelerada de bienes de capital en el Impuesto a las Ganancias, que permite recuperar fiscalmente una inversión en un plazo más corto. El segundo consiste en la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA, reduciendo el tiempo de reintegro de seis a tres meses. En ambos casos, el objetivo es mejorar el flujo de fondos y facilitar la ampliación de la capacidad productiva de las empresas.

Sin embargo, el principal cuestionamiento se concentra en los requisitos de ingreso. Para acceder al régimen, las empresas deben alcanzar montos mínimos de inversión que van desde US$ 150.000 para microempresas, US$ 600.000 para pequeñas empresas, US$ 3,5 millones para medianas tramo 1 y hasta US$ 9 millones para medianas tramo 2. Diversos especialistas consideran que esos valores resultan elevados para gran parte del entramado pyme argentino, especialmente en un contexto de recuperación económica todavía heterogénea.

A las exigencias económicas se suman dificultades administrativas. Algunas empresas quedaron excluidas de los beneficios por no contar con el Certificado MiPyME vigente al inicio del ejercicio en que realizaron sus inversiones. Según tributaristas consultados por el sector privado, este requisito provocó que compañías que ya habían adquirido bienes de capital perdieran la posibilidad de acceder a los incentivos fiscales previstos por la normativa.

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Otro punto que limita el alcance del programa es la definición de los bienes admitidos. El régimen exige que las inversiones correspondan a bienes muebles nuevos amortizables en Ganancias y que se encuentren dentro de categorías específicas. Esto deja fuera determinados proyectos productivos que, aunque implican inversiones reales y expansión de capacidad, no encuadran técnicamente dentro de los conceptos contemplados por la reglamentación.

El sector agroindustrial aparece como una de las excepciones con mejores condiciones para aprovechar la herramienta. Algunas inversiones vinculadas a sistemas de riego, eficiencia energética, mallas antigranizo y equipamiento productivo pueden acceder a beneficios sin estar sujetas a los pisos generales de inversión. Por esa razón, varias de las consultas registradas hasta el momento provienen de empresas asociadas a actividades agropecuarias.

Las dudas también alcanzan al mecanismo de devolución anticipada del IVA. Aunque el beneficio reduce formalmente los plazos de devolución, su implementación depende de un cupo presupuestario anual. Para muchos empresarios, esta limitación reduce la previsibilidad del régimen porque el acceso efectivo a los reintegros puede quedar condicionado a la disponibilidad de recursos y a la cantidad de solicitudes presentadas.

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7 Rsdc

Los primeros relevamientos muestran que el interés empresarial todavía es limitado. Una encuesta del IAE Business School reveló que apenas el 3% de las compañías prevé utilizar el RIMI durante los próximos doce meses. En contrapartida, el 48% aseguró que no tiene previsto adherirse, el 22% indicó que sigue evaluando la posibilidad y el 27% reconoció que directamente desconoce la existencia del régimen.

Los resultados exponen una brecha entre el diseño del instrumento y su llegada efectiva al universo pyme. El régimen fue concebido para acelerar inversiones productivas, pero hasta el momento enfrenta obstáculos vinculados a los montos mínimos requeridos, la complejidad administrativa, las restricciones sobre los bienes alcanzados y el desconocimiento de buena parte de las empresas potencialmente beneficiarias. El desafío para el Gobierno será determinar si esas condiciones deben ajustarse para ampliar la adopción o si el programa mantendrá un alcance limitado dentro del entramado productivo argentino.

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