El Senado inició el tratamiento de tres proyectos para reemplazar la Ley 27.640 de Biocombustibles, en un debate que concentra a refinadoras, pymes, provincias productoras y empresas del complejo agroindustrial. La iniciativa con mayor aval es la presentada por el oficialismo, que propone desregular el mercado, fijar precios de referencia basados en la paridad de importación y aumentar los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol.

El texto, firmado por Patricia Bullrich, ya atravesó dos sesiones informativas en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles y se encamina a dictamen.

El proyecto establece una transición hasta el 31 de diciembre de 2031 y una vigencia de 15 años. En gasoil, fija un corte mínimo obligatorio de biodiésel del 7,5%, que ascenderá al 10% doce meses después de la sanción. En naftas, el corte mínimo de bioetanol será del 12% y subirá al 15% en el mismo plazo. La Secretaría de Energía podrá modificar estos porcentajes solo por razones ambientales, sociales, económicas, técnicas o de abastecimiento.

El esquema incorpora además un mecanismo gradual de co-procesamiento para refinadores, que computará 0,5% en 2028, 1% en 2029, 1,5% en 2030 y 2% en 2031, convergiendo hacia el límite máximo del 3%.

La propuesta oficial elimina la segmentación geográfica del mercado general y crea un Mercado Electrónico único para la comercialización de biocombustibles, administrado por un organismo independiente con experiencia en negociación de productos energéticos.

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Durante el período de transición, una porción específica del corte obligatorio deberá comercializarse exclusivamente a través de empresas no integradas, con un límite del 14% anual por firma para evitar concentración. El esquema de precios máximos se reemplaza por precios de referencia basados en la paridad de importación: si el valor local supera ese nivel, se habilita la importación como mecanismo de excepción.

El debate se produce en un contexto de capacidad instalada ociosa y precios elevados. En biodiésel, la industria cuenta con 4,4 millones de toneladas de capacidad instalada y produjo 2,1 millones en 2025, con una ociosidad del 52%. En bioetanol, la capacidad instalada ronda 1,3 millones de m³ y la producción fue de 1 millón, con ociosidad del 23%.

Según YPF, el biocombustible se ubicó un 40% por encima del precio del combustible fósil, con picos del 80%, y llevar el corte de biodiésel al 10% implicaría un impacto del 3% en el surtidor. El biodiésel tiene menor poder calorífico que el gasoil, lo que incrementa el consumo entre 1,5% y 2,2% según el nivel de mezcla.

La caída de las exportaciones también presiona la discusión. En 2025, el biodiésel exportó US$ 1.050 millones, un 38% menos que en 2023. La menor recaudación y el encarecimiento interno generaron un costo fiscal de US$ 300 millones en 2025 y de US$ 6.500 millones acumulados en 15 años, según Economía y Energía.

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El aumento de cortes permitiría absorber capacidad ociosa y mejorar la ecuación económica de plantas que hoy operan por debajo de su punto de equilibrio.

Las provincias productoras —Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy— siguen de cerca la discusión por su impacto en cadenas regionales. Las refinadoras avalan el proyecto oficialista, que habilita el co-procesamiento y elimina restricciones que históricamente limitaron su participación.

Las pymes advierten que la paridad de importación podría habilitar operaciones a precios de dumping y que la eliminación de regiones incrementaría costos logísticos para plantas alejadas de los centros de mezcla.

El Senado buscará dictamen en las próximas sesiones. El oficialismo sostiene que el nuevo esquema permitirá ordenar precios, ampliar la oferta y dar previsibilidad a un sector que opera con alta ociosidad y fuerte dispersión de costos.

El debate define la estructura del mercado de biocombustibles para los próximos 15 años y redistribuye roles entre refinadoras, pymes, provincias y grandes aceiteras en un segmento clave para el abastecimiento de combustibles líquidos.

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