Las cámaras que representan a las estaciones de servicio encendieron una fuerte señal de alerta frente al proyecto que se debate en la Legislatura bonaerense y que obligaría a informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles. Para los empresarios del sector, la propuesta es de difícil aplicación y podría generar distorsiones en la operatoria diaria de las bocas de expendio.
La iniciativa, impulsada por legisladores de Unión por la Patria, establece que las estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires deberán comunicar los cambios de precios con al menos tres días de anticipación. Además, exige que la información sea difundida mediante cartelería visible al público, en los surtidores y a través de los canales digitales oficiales.
El proyecto contempla también un régimen de sanciones para quienes incumplan la norma. Las multas previstas para las estaciones equivalen a entre 100 y 500 litros de nafta súper, mientras que para las empresas abastecedoras podrían alcanzar valores equivalentes a entre 5.000 y 150.000 litros del mismo combustible.
La reacción del sector fue inmediata. Tanto la Cámara de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) como la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) sostienen que las estaciones no cuentan con capacidad para anticipar los movimientos de precios porque no son quienes los determinan.
Desde las entidades explican que las actualizaciones son definidas por las compañías petroleras y refinadoras, muchas veces con escaso margen de tiempo. Bajo ese esquema, una obligación de anticipación de 72 horas podría chocar con la dinámica actual del mercado y generar problemas operativos para miles de expendedores.
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La principal preocupación pasa por los efectos que podría tener sobre el abastecimiento. Los estacioneros aseguran que una comunicación anticipada de aumentos podría provocar compras extraordinarias antes de las subas, incrementando la demanda en determinados puntos de venta y generando tensiones temporales en el suministro.
Otro de los argumentos planteados por las cámaras es que la información sobre precios ya se encuentra disponible para los consumidores. Según recuerdan, los valores se exhiben obligatoriamente en las estaciones y además pueden consultarse mediante los sistemas de información administrados por la Secretaría de Energía.
Los impulsores del proyecto defienden la iniciativa con un argumento diferente. Sostienen que los combustibles son un insumo esencial para familias, transportistas y empresas, y que una comunicación previa de los cambios contribuiría a reducir asimetrías de información entre proveedores y consumidores.
Aunque la propuesta todavía debe superar el trámite legislativo antes de convertirse en ley, el debate ya instaló una discusión de fondo en el sector energético: cómo compatibilizar mayores niveles de transparencia para los usuarios con un mercado de combustibles donde las variaciones de precios suelen definirse y aplicarse en plazos muy reducidos.
Más allá del resultado parlamentario, la controversia expone las tensiones existentes entre regulación y operación comercial en una actividad estratégica para la movilidad, la logística y buena parte de la economía bonaerense.
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