FONENERGÍA: ¿solución estructural o riesgo de “superfiltro burocrático” en Colombia?

Colombia avanzó en una reconfiguración de su esquema de financiamiento energético con la creación de FONENERGÍA, un fondo que centraliza recursos para ampliar la cobertura eléctrica y de gas, especialmente en zonas rurales y no interconectadas.

La medida responde a una deuda estructural: más de 1,8 millones de viviendas aún no cuentan con acceso a electricidad, lo que obliga a acelerar soluciones con mayor coordinación institucional .

El nuevo esquema unifica instrumentos históricos como FAER, FAZNI, PRONE y el Fondo de Gas, concentrando en una sola estructura la asignación y ejecución de recursos. Desde el análisis regulatorio, el cambio implica una transformación en la gobernanza del sector.

En ese marco, Hemberth Suárez Lozano, socio fundador de OGE ENERGY, advirtió sobre el alcance institucional del nuevo modelo: “Se está dando vida a un Ministerio de Minas y Energía indómito”, afirmó el ejecutivo, al referirse al nivel de centralización que introduce el fondo.

El especialista explicó que la base normativa ya estaba definida en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que el decreto terminó de consolidar el modelo operativo. La centralización, en ese sentido, busca mejorar la focalización de recursos y acelerar proyectos en territorios rezagados.

Sin embargo, el nuevo esquema también plantea riesgos en su implementación. La creación de un único vehículo financiero estatal puede optimizar la gestión, pero también generar mayores filtros administrativos si no se gestiona adecuadamente. “FONENERGÍA puede convertirse en un ‘superfiltro burocrático’”, advirtió Suárez, al señalar la importancia de aplicar criterios técnicos en la asignación de recursos.

Desafíos de ejecución y rol en la transición energética

El alcance del fondo no se limita a ampliar cobertura, sino que incorpora la posibilidad de financiar soluciones con fuentes no convencionales y combustibles más limpios. Este punto lo posiciona como una herramienta relevante para acelerar la transición energética en zonas apartadas.

El diseño contempla además la articulación de recursos públicos, aportes territoriales, inversión privada y cooperación internacional, lo que exige una coordinación institucional sólida . En paralelo, permite canalizar financiamiento hacia iniciativas vinculadas a energías renovables mediante su relación con FENOGE.

En este contexto, la diversificación tecnológica aparece como un eje central para evitar distorsiones en la asignación de recursos. El fondo deberá equilibrar distintas fuentes y soluciones energéticas, especialmente en territorios con condiciones técnicas diversas.

A nivel regulatorio, el esquema también establece que los activos financiados con recursos públicos permanecerán en cabeza del Estado hasta su eventual transferencia. Este punto introduce claridad jurídica, pero también condiciona la participación privada en esquemas de cofinanciación.

Más allá del diseño institucional, el principal desafío estará en la ejecución. La asignación de recursos públicos exige controles estrictos, lo que naturalmente impacta en los tiempos de implementación. En ese sentido, el equilibrio entre control y eficiencia será determinante.

“Lo que se espera es que FONENERGÍA sea con la agilidad tecnológica necesaria, motivación técnica y objetiva”, sostuvo Suárez, al poner el foco en la necesidad de modernizar la gestión del fondo.

Con una proyección de inversión de $3,7 billones hacia 2030 y el objetivo de beneficiar a más de 300 mil personas, FONENERGÍA se posiciona como una de las principales apuestas para cerrar brechas energéticas en Colombia. Su impacto, sin embargo, dependerá de la capacidad institucional para sostener criterios técnicos, evitar interferencias políticas y garantizar eficiencia en la ejecución.

En ese equilibrio entre centralización, control y agilidad se definirá si el fondo logra consolidarse como una solución estructural o si termina enfrentando las mismas limitaciones que busca resolver.