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Interrogantes sobre las condiciones de inversión en el offshore argentino 

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La decisión anunciada por Equinor y CGC de avanzar hacia una nueva etapa exploratoria en el Mar Argentino constituye una señal relevante para el desarrollo hidrocarburífero nacional. La compañía noruega confirmó que continuará sus actividades en las áreas de jurisdicción nacional AUS 105 y AUS 106, ubicadas en la Cuenca Austral, junto con YPF y Compañía General de Combustibles (CGC). Las perforaciones están previstas para 2028 y 2029, sujetas a las autorizaciones ambientales y regulatorias correspondientes. 

El anuncio adquiere especial significación después de la experiencia del pozo Argerich x-1, perforado en 2024 en el bloque CAN 100, cuyo resultado no permitió confirmar un descubrimiento comercial. La continuidad de las inversiones demuestra que el interés exploratorio por el offshore argentino trasciende los resultados de una campaña individual y responde a una evaluación de largo plazo sobre el potencial geológico de sus cuencas. 

Sin embargo, esta decisión también vuelve a poner en discusión una cuestión que hasta ahora ha recibido escasa atención pública: las consecuencias de la derogación del Decreto 929/2013 y de los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007, dispuesta por la Ley 27.828. 

El problema no reside exclusivamente en la desaparición de un régimen de incentivos. Su verdadera dimensión aparece cuando se analiza que esos beneficios habían sido expresamente contemplados por el Estado argentino en las condiciones del Concurso Público Internacional Costa Afuera N.º 1, convocado mediante la Resolución 65/2018, en el marco del Decreto 872/2018. 

Aquel concurso no se limitó a ofrecer permisos de exploración. Su estructura jurídica contemplaba la posibilidad de acceder posteriormente a concesiones de explotación en caso de producirse descubrimientos comercialmente explotables. Para ello, el pliego incorporó un modelo de resolución de otorgamiento de concesión que establecía expresamente la aplicación de los beneficios del Decreto 929/2013, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 27.007. 

En particular, el artículo 4 del modelo de concesión, incluido como Adjunto 3 del pliego, disponía que esos beneficios quedarían incorporados al título concesional. Entre ellos figuraban la libre disponibilidad del 60% de los hidrocarburos producidos desde pozos ubicados en aguas de profundidad promedio superior a 90 metros y del 20% cuando no se superara ese umbral, la libre disponibilidad de la totalidad de las divisas provenientes de las exportaciones comprendidas y la no aplicación de derechos de exportación sobre esos volúmenes. 

Estas condiciones tenían una incidencia económica concreta. En la actividad offshore, las empresas deben comprometer inversiones exploratorias significativas antes de conocer si existen reservas comercialmente explotables. Si el descubrimiento resulta exitoso, todavía deben afrontar inversiones de desarrollo considerablemente mayores, con períodos prolongados hasta el inicio de la producción y la recuperación del capital. 

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Por esa razón, el régimen fiscal, las condiciones de exportación y la disponibilidad de divisas no constituyen aspectos accesorios de un proyecto. Forman parte de las variables que determinan su rentabilidad esperada, su estructura de financiamiento y, en muchos casos, la decisión de participar o no en una determinada licitación internacional. 

La Ley 27.828 introdujo un cambio sustancial en ese escenario. Su artículo 10 derogó el Decreto 929/2013 y los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007, aunque preservó expresamente los derechos adquiridos por los titulares de proyectos de inversión oportunamente aprobados dentro del régimen promocional. 

La protección legal es clara para esos proyectos, pero no igual para todos los adjudicatarios de permisos exploratorios otorgados bajo las condiciones del concurso de 2018. En particular, la ley no resuelve expresamente qué sucede con quienes asumieron compromisos e hicieron inversiones exploratorias considerando un modelo de concesión que incorporaba determinados incentivos económicos, pero todavía no obtuvieron una concesión de explotación ni una aprobación específica bajo el régimen promocional. 

La cuestión exige determinar si las previsiones contenidas en las bases concursales y en los actos de adjudicación generaron una situación jurídicamente protegida, aun cuando los beneficios promocionales estuvieran condicionados a una futura concesión de explotación.  

La ausencia de una definición expresa en el texto de la norma para los permisos exploratorios, constituye un factor de incertidumbre que puede adquirir relevancia al momento de evaluar nuevos compromisos de inversión. 

Equinor ha anunciado la adhesión al RIGI que, a traves del Decreto 105/2026, reconoció expresamente la exploración, explotación y producción de hidrocarburos costa afuera y redujo a USD 200 millones el umbral mínimo de inversión computable para ese subsector. Sin embargo, ello no resuelve por sí misma la discusión acerca del alcance de los compromisos económicos previstos en el concurso de 2018. 

La Argentina tiene una oportunidad concreta de ampliar su frontera hidrocarburífera mediante la exploración y eventual explotación de sus recursos costa afuera. El desarrollo de esas cuencas podría diversificar la producción nacional, atraer inversiones de largo plazo y generar nuevas capacidades tecnológicas e industriales. 

Pero la competencia internacional por esos capitales no depende exclusivamente del potencial geológico. También exige reglas económicas previsibles y un marco jurídico capaz de acompañar proyectos cuyos ciclos de maduración exceden ampliamente los períodos de una administración. 

Por ello, resulta relevante determinar cómo se compatibiliza la facultad del Estado de modificar sus regímenes promocionales con la protección de las situaciones jurídicas originadas en procedimientos internacionales de selección, particularmente cuando las inversiones comprometidas se ejecutaron sobre la base de condiciones económicas expresamente incorporadas a sus pliegos.

La autora es Magister en Abogacía y Consultora en Energia y Sustentabilidad.

, Verónica Tito

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