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Juicio YPF: 15 estados de EE.UU. apoyan el reclamo por US$ 16.100 millones

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Quince estados y territorios de Estados Unidos presentaron un escrito ante la Corte Suprema para respaldar a los fondos demandantes que buscan revertir el fallo favorable a Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. La presentación fue encabezada por Missouri bajo la figura de amicus curiae y apunta a que el máximo tribunal revise la decisión del Tribunal de Apelaciones que anuló la condena de US$ 16.100 millones contra el Estado argentino.

El argumento central de los fiscales estatales es que la Cámara del Segundo Circuito habría interpretado de forma incorrecta la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA). Según los firmantes, mantener ese criterio podría habilitar que gobiernos extranjeros utilicen sus propias leyes para limitar o evitar reclamos judiciales en territorio estadounidense.

Este respaldo beneficia a los fondos Petersen Energía y Eton Park, cuyos litigios son financiados por Burford Capital. Demandantes buscan que la Corte Suprema restablezca la sentencia dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska, que había condenado a Argentina a pagar una indemnización multimillonaria por la expropiación del 51% de YPF en 2012.

La posición argentina sostiene que el fallo favorable sigue plenamente vigente y que no existen fundamentos para que la Corte Suprema intervenga en el expediente. Defensa argumenta que la Cámara analizó el fondo de la controversia y resolvió el caso aplicando derecho argentino, tanto en materia societaria como en lo relacionado con la legislación de expropiaciones.

Esa interpretación también fue respaldada por el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler, quien sostuvo que el tribunal de apelaciones no rechazó su competencia para actuar, sino que evaluó la controversia y concluyó que los demandantes no tenían derecho a la compensación reclamada. Según su visión, el planteo de los estados norteamericanos parte de una lectura equivocada del fallo.

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Este impacto procesal de la presentación es limitado por el momento. Escrito de los 15 estados agrega presión política y jurídica sobre la Corte Suprema, pero no modifica la situación actual del expediente ni altera la decisión que anuló la condena contra Argentina.

El próximo paso relevante llegará el 2 de diciembre, fecha límite para que el Estado argentino y YPF presenten sus respuestas ante la Corte Suprema. Recién después de analizar esos escritos, el tribunal decidirá si acepta revisar el caso o si deja firme la sentencia favorable al país.

Finalmente si la Corte rechaza intervenir, quedará consolidada la anulación de la condena por US$ 16.100 millones. Si decide tomar el expediente, se abrirá una nueva etapa judicial que volverá a colocar en discusión uno de los litigios más sensibles para Argentina y para la principal compañía energética del país.

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