Mientras el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) continúa acumulando proyectos por decenas de miles de millones de dólares, un informe privado puso el foco sobre uno de los debates más sensibles que atraviesa al esquema: la capacidad real de esas inversiones para generar empleo directo de manera masiva.
Un estudio elaborado por la consultora Paspartú sobre los primeros proyectos aprobados concluyó que la relación promedio ronda apenas dos puestos de trabajo por cada millón de dólares comprometidos. La cifra no responde a una baja actividad económica, sino al perfil de los sectores que dominan el régimen, donde predominan los desarrollos hidrocarburíferos y mineros de gran escala.
Hasta el momento, el RIGI acumula 27 iniciativas aprobadas por una inversión mínima estimada en US $50.385 millones. Dentro de ese universo, los proyectos vinculados al petróleo y gas concentran el 53% del total, mientras que la minería representa otro 43%, configurando una matriz claramente orientada a actividades de fuerte intensidad de capital.
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La explicación detrás de la baja generación relativa de empleo está vinculada a la propia naturaleza de esos emprendimientos. Durante las etapas de construcción, movimiento de suelos, infraestructura y montaje suelen producirse picos significativos de contratación. Sin embargo, una vez iniciada la operación comercial, la actividad requiere plantillas más reducidas y altamente especializadas en comparación con sectores manufactureros o industriales tradicionales.
Aun así, las magnitudes involucradas siguen siendo relevantes. El relevamiento estima un potencial de 133.076 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos asociados a los proyectos ya aprobados, mientras que las proyecciones oficiales elevan esa cifra hasta 250.000 puestos considerando el conjunto de iniciativas impulsadas bajo el régimen.
Más allá del empleo directo, el Gobierno destaca el efecto que las inversiones tienen sobre la red de proveedores nacionales. Según los datos oficiales presentados durante las rondas de negocios del RIGI, actualmente participan 1.794 proveedores locales y el 82% de las compras realizadas por los proyectos corresponde a empresas argentinas.
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La distribución geográfica de los desembolsos refleja además el peso creciente de los sectores energético y minero. Neuquén lidera la recepción de inversiones aprobadas con el 33% del total gracias al desarrollo de Vaca Muerta, seguida por San Juan con el 24%, impulsada por los grandes proyectos metalíferos. Río Negro y Buenos Aires completan el grupo de provincias con mayor participación.
Todavía existe un importante volumen de iniciativas en evaluación. Según el informe, 21 proyectos permanecen bajo análisis y acumulan anuncios por US$ 133.221 millones. En este segmento la concentración hidrocarburífera es aún más marcada, ya que el 86% de las inversiones proyectadas corresponden al sector energético.
Otro dato relevante es que Neuquén concentra el 62% de los desembolsos actualmente en trámite, consolidándose como el principal polo receptor de inversiones asociadas al régimen. La expansión de Vaca Muerta, los proyectos de exportación de hidrocarburos y las iniciativas vinculadas al GNL explican buena parte de ese protagonismo.
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Lejos de cuestionar la llegada de capitales, el estudio plantea una discusión sobre la calidad y el alcance del impacto económico. El desafío ya no pasa únicamente por atraer inversiones récord, sino por lograr que esos desarrollos generen encadenamientos productivos, impulsen proveedores locales y multipliquen oportunidades industriales en las regiones donde se radican.
En ese sentido, la próxima ronda de negocios del RIGI prevista para diciembre en la provincia de Buenos Aires buscará profundizar precisamente ese objetivo: conectar a las grandes operadoras de energía y minería con pymes y fabricantes nacionales para ampliar la participación local dentro de proyectos que ya movilizan más de US$ 75.000 millones aprobados y que seguirán definiendo buena parte del mapa de inversiones argentino durante los próximos años.
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