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Ley Malvinas: advertencia de EE.UU. por el impacto en inversiones energéticas y de infraestructura

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Advertencias formales de Estados Unidos encendieron alarmas en la Casa Rosada por el alcance extraterritorial de la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Voceros del Departamento de Estado transmitieron que las sanciones previstas podrían afectar a corporaciones norteamericanas con operaciones o participaciones indirectas en el Atlántico Sur, generando un riesgo inmediato sobre inversiones energéticas e infraestructura en Argentina. 

“Vemos que la ley va a afectar a empresas de Estados Unidos, estamos en contacto con ellas y han recibido notificaciones. Nuestro interés es que no sean afectadas”, señalaron desde Washington DC.

Preocupación corporativa se concentra en la posibilidad de que filiales, intermediarios y accionistas enfrenten penalidades administrativas y financieras por actividades vinculadas al Atlántico Sur sin autorización argentina. Fondos globales como BlackRock quedarían expuestos a sanciones millonarias por sus participaciones accionarias indirectas, un escenario que funcionarios de la administración de Donald Trump describieron como una barrera para el mercado y para futuros desembolsos estratégicos.

Escalada diplomática derivó en la decisión de enviar a Buenos Aires al subsecretario de Estado Christopher Landau y al responsable para asuntos del Hemisferio Occidental Juan Pablo Segura. Ambos funcionarios buscarán negociar una salida que evite litigios y preserve inversiones norteamericanas. Desde la Casa Blanca surgió la sugerencia de congelar la norma o modificar el texto para eximir a sus empresas, una propuesta que abrió tensiones internas dentro del Gabinete nacional por el costo político de revisar una ley asociada al reclamo soberano.

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Contexto energético agrega presión a la discusión. La cuenca patagónica y la zona marítima offshore atraviesan un ciclo de atractivo global, con proyectos en análisis por USD 7.000 millones, entre ellos el Corredor Andes‑Atlántico, una megainfraestructura vial, ferroviaria y portuaria diseñada para agilizar el transporte de hidrocarburos y minerales. Cualquier señal de incertidumbre regulatoria podría afectar la llegada de capitales en un momento clave para la expansión productiva.

Antecedentes recientes refuerzan la sensibilidad del sector. Halliburton decidió retirar sus servicios en las islas para proteger sus contratos en Vaca Muerta, un movimiento que evidenció la capacidad del marco regulatorio argentino para influir en decisiones corporativas globales. Próximas semanas serán determinantes para evaluar si el Gobierno logra equilibrar la defensa integral de los recursos del Atlántico Sur con la necesidad de sostener inversiones estratégicas en energía e infraestructura.

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