La República Argentina presentó el martes (13/10) ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales contra el Reino Unido, con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a través del denominado proyecto Sea Lion, informó el vocero presidencial Adrián Ravier.
“Esta presentación, realizada por indicación del presidente, Javier Milei, y ejecutada por la Secretaría de Legal y Técnica, Cancillería y el Ministerio de Economía, busca proteger los derechos soberanos de nuestro país sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateral e ilegalmente por el Reino Unido agraven la controversia”, añadió.
Ravier señaló en conferencia de prensa que la solicitud “se enmarca en el procedimiento arbitral que la Argentina inició contra el Reino Unido el 28 de septiembre, conforme al anexo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar”.
“Esta medida se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 290 inciso 5 de la CONVEMAR, según el cual mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar al tribunal que prescriba medidas provisionales para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino y si la urgencia de la situación así lo requiere”, sostuvo Ravier.
Y resumió: “En concreto, nuestro país solicitó al tribunal cuatro medidas:
Que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la cuenca norte de Malvinas por parte del denominado proyecto Sea Lion.
Que el Reino Unido se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina.
Que el Reino Unido cese de impedir que la República Argentina cumpla con su obligación en virtud de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, de proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia.
Que el Reino Unido se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.
Ravier sostuvo que “el Gobierno nacional reitera una vez más su compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional y el principio de resolución pacífica de controversias. Nuestro país continuará recurriendo a todas las herramientas e instancias que confiere el derecho internacional para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos”.
“La República Argentina reafirma una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas”, concluyó.
El gobierno argentino le había dado tiempo hasta el lunes a Londres para que frenara el proyecto de Sea Lion. Ahora hizo su presentación ante el tribunal en Hamburgo, Alemania.
Gobierno británico respalda las operaciones
Por su parte, el Reino Unido ratificó su respaldo al desarrollo de las exploraciones en Sea Lion y habilita su continuidad en medio de la disputa diplomática y jurídica por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, sostuvo que el gobierno británico considera que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y que esa facultad forma parte de su posición sobre la autodeterminación.
Según estimaciones de empresas contratadas por el Reino Unido, el proyecto Sea Lion podría empezar a producir en 2027 y alcanzar una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios.
La legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI) le permite al gobierno británico prohibir a las compañías y personas bajo jurisdicción del Reino Unido cumplir con leyes extranjeras que imponen sanciones o restricciones a quienes operan en Malvinas. La israelí Navitas y la británica Rockhopper, socias en Sea Lion, seguirán operando a pesar de las sanciones que procura la Casa Rosada.
