En Río Grande, el Juzgado Federal resolvió frenar el proyecto petrolero “León Marino” (Sea Lion) y ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar cualquier actividad vinculada con la explotación offshore.
Por decisión de la jueza Mariel Borruto, la medida cautelar prohíbe perforaciones, instalación de infraestructura submarina y obras portuarias en la plataforma continental argentina, ubicada a 220 km al norte de las Islas Malvinas.
Entre las operaciones suspendidas figuran la colocación de conductos, sistemas de control, unidades flotantes de producción y almacenamiento, así como la construcción de bases logísticas y portuarias de apoyo.
Al mismo tiempo, el fallo establece que las compañías deberán esperar la evaluación de impacto ambiental prevista en la Ley General del Ambiente antes de avanzar con cualquier iniciativa.
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De manera explícita, la resolución subraya que las normas ambientales y las leyes argentinas son de aplicación obligatoria, independientemente de la nacionalidad de las empresas o de los permisos que invoquen autoridades extranjeras.
En paralelo, la acción conjunta del CECIM La Plata y la Asociación de Abogados/as Ambientalistas fue presentada como una defensa de los derechos soberanos argentinos y de la protección del Atlántico Sur.
El caso se inscribe en un debate más amplio sobre proyectos offshore en el país, como los que impulsa YPF en la costa bonaerense o las iniciativas en el golfo San Matías, Río Negro, que también generan tensiones entre desarrollo energético y preservación ambiental.
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