El vocero presidencial, Adrian Ravier, informó que “frente al accionar ilegítimo del Reino Unido en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, el Presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, un tratado que cuenta con un tribunal independiente de la Organización de las Naciones Unidas”.

En conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que “esta es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que está realizando el Reino Unido sobre la explotación de los recursos hidrocarburíferos”.

“El objetivo es impedir la explotación ilegítima en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, y evitar cualquier otra medida que agrave la controversia”, explicó.

“La posición argentina es clara y está respaldada por las Naciones Unidas. La resolución 2065 reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, y llama a ambos países a resolverla de manera pacífica. Y la resolución 3149 llama a las partes a abstenerse de tomar decisiones que modifiquen unilateralmente la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General”, recordó el Vocero.

Ravier agregó que “en este marco, la Argentina intimó formalmente al Reino Unido a que en el plazo de dos semanas impida el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Si el Reino Unido no cumple con este requerimiento, la Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos”.

Por otra parte, y a través de un comunicado, el gobierno incluyó otro reclamo vinculado con las actividades británicas en la zona. Informó que detectó operaciones de Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, realizadas con una aeronave con matrícula del Reino Unido y, según sostuvo, sin autorización de las autoridades argentinas.

A partir de esa situación, se ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de las gestiones diplomáticas que considere necesarias.

El Gobierno cerró el comunicado con la ratificación de su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y aseguró que continuará utilizando las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas disponibles para defender esa posición.