Diputados aprobó la media sanción del nuevo régimen de hidrocarburos y abrió el camino para una reforma que modifica regalías, incentivos, obligaciones ambientales y mecanismos de fiscalización.
La iniciativa del Ejecutivo provincial busca modernizar una ley considerada desactualizada y generar condiciones competitivas para inversiones en petróleo y gas, tanto en yacimientos convencionales como en desarrollos no convencionales.
Regalías y ofertas se integran en un esquema que fija una referencia del 15%, pero permite que cada empresa proponga porcentajes mayores o menores según el tipo de proyecto. Este modelo reemplaza la estructura rígida vigente —12% con posibilidad de bajar a 5%— y habilita condiciones adaptadas a las características de cada área, desde crudos pesados hasta pozos de shale.
Reducciones de regalías podrán aplicarse a la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria, la producción de crudos pesados y los programas de recuperación mejorada. En situaciones justificadas técnicamente, los porcentajes podrán ubicarse incluso por debajo del 5%. También se habilita la compensación parcial del canon de explotación cuando una empresa invierta al menos el doble del monto que pretende compensar, y se prevé una reducción de hasta 80% del canon en prórrogas de permisos de exploración.
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Resulta decisiva para Malargüe y la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde los proyectos requieren inversiones intensivas, la actualización de plazos extendidos y condiciones distintas a las de los yacimientos convencionales maduros. El texto habilita la reconversión de concesiones hacia este régimen, en línea con la legislación nacional.
Las operadoras deberán prevenir impactos, realizar monitoreos, recomponer ambientes afectados y presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, de carácter público, con información sobre comunidad, proveedores locales, capacitación, transparencia, integridad y seguridad. La salida de una empresa de un área no extinguirá responsabilidades ambientales previas.
Multas y sanciones se actualizan mediante un sistema indexado al precio de la nafta súper, con infracciones clasificadas en leves, graves, muy graves y gravísimas. También se crea la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, destinada a financiar inspecciones y fiscalización, con un tope de 0,8% sobre regalías y cánones.
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Así, las posiciones legislativas quedaron claramente expuestas durante el debate. Sol Salinas (Unión PRO) sostuvo que la ley vigente quedó atrasada y que Mendoza necesita un marco estable que trascienda gestiones. Jorge Difonso (LUM) planteó que la discusión perdió la oportunidad de crear un fondo específico para administrar ingresos y cuestionó las facultades otorgadas a EMESA para realizar contrataciones directas.
El Trámite parlamentario continúa en el Senado provincial, que deberá decidir si convierte el nuevo régimen en ley y habilita la implementación de las nuevas reglas para la actividad hidrocarburífera.
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