Mendoza profundizará en 2027 el fortalecimiento de su política minera mediante un fuerte incremento de los recursos destinados al control, promoción y financiamiento de la actividad. El proyecto de Presupuesto enviado a la Legislatura prevé que el gasto minero consolidado alcance los $3.608 millones, reflejando la construcción de una estructura estatal diseñada para acompañar el avance de los proyectos que hoy se encuentran en etapas de exploración y desarrollo.
El proceso comenzó durante el segundo mandato de Alfredo Cornejo con una estrategia basada en dos pilares. Por un lado, el fortalecimiento de la Dirección de Minería como organismo de fiscalización y control. Por otro, la consolidación de Impulsa Mendoza como herramienta de promoción, atracción de inversiones y generación de instrumentos financieros orientados al crecimiento del sector.
La evolución presupuestaria de la Dirección de Minería muestra con claridad ese cambio de enfoque. El organismo pasó de administrar $54 millones en 2023 a contar con una asignación prevista de $1.663 millones para 2027. Medido en dólares, el presupuesto pasó de US$187.000 a aproximadamente US$1,08 millones en el mismo período, impulsado por la decisión provincial de reforzar las capacidades regulatorias y técnicas del sector.
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Dentro de la estructura proyectada para 2027, la mayor parte de los recursos estará destinada al funcionamiento operativo del organismo. Del total asignado, $462 millones corresponden a personal, $78 millones a bienes de consumo y $1.123 millones a servicios. La distribución confirma el perfil de una dependencia enfocada en permisos, fiscalización, control de proyectos y administración del catastro minero.
En paralelo, Impulsa Mendoza se consolidó como el brazo operativo de la promoción minera provincial. La empresa prevé recursos por $2.051 millones y gastos por $1.946 millones para 2027. Su particularidad es que funciona sin aportes directos del Tesoro provincial, apoyándose principalmente en rendimientos financieros y en la administración de su propio patrimonio.
La suma de ambos organismos permite dimensionar el esfuerzo estatal destinado al sector. El gasto minero consolidado crecerá desde $1.934 millones en 2025 hasta $3.608 millones en 2027, superando ampliamente los recursos asignados a la gestión hidrocarburífera y elevando su participación dentro del presupuesto general de la provincia.
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También se observan modificaciones en los instrumentos específicos de financiamiento. El Fondo Especial Minero creado por la Ley 8.434 recibirá $420,6 millones durante 2027, luego de varios años de asignaciones reducidas. Al mismo tiempo, el Fondo Minero de la Ley 4.968 desaparece de las planillas presupuestarias para el próximo ejercicio.
Detrás de esta expansión aparece el crecimiento de la cartera de proyectos mineros mendocinos. La provincia busca preparar su estructura institucional para acompañar el desarrollo de 67 iniciativas con aprobación ambiental dentro de Malargüe Distrito Minero Occidental, además del avance de PSJ Cobre Mendocino, considerado uno de los emprendimientos más relevantes para la futura producción de cobre provincial.
El Presupuesto 2027 expone una decisión estratégica poco frecuente: aumentar los recursos destinados a la minería antes de que ingresen regalías significativas provenientes de nuevos proyectos. La apuesta mendocina consiste en construir capacidad regulatoria, técnica y financiera de manera anticipada para acelerar la exploración, facilitar futuras inversiones y posicionar a la provincia para una nueva etapa de desarrollo minero vinculada principalmente al cobre.
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