El Senado de la Nación dio media sanción por 60 votos a favor y 2 en contra al proyecto de ley para regular los mercados de carbono. La iniciativa crea un registro nacional para la inscripción de los proyectos verdes y los blinda fiscalmente por 30 años. Con esta regulación se abriría un potencial mercado de hasta US$ 3900 millones por comercialización y exportación de créditos de carbono.
Al momento de la votación en particular, el interbloque justicialista encabezado por José Mayans planteó modificaciones en varios artículos que fueron rechazadas por el oficialismo. El bloque de La Libertad Avanza también propuso modificaciones que fueron acompañadas por los senadores peronistas, aunque rechazaron la ampliación de la estabilidad fiscal para los proyectos verdes por 30 años.
El texto original en su artículo 14 establecía un período de estabilidad fiscal por 10 años para los proyectos verdes desde el momento de su inscripción en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe). El oficialismo logró extenderlo hasta 30 años.
Según el texto, «la estabilidad fiscal alcanzará a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios registrados».
Mercados de carbono
El proyecto aprobado con media sanción por la Cámara alta busca brindar un marco jurídico y regulatorio para los créditos de carbono generados a partir de proyectos verdes.
Los créditos de carbono son unidades verificables de reducción, evitación o mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) originados a partir de proyectos verdes.
Los proyectos verdes, en tanto, pueden ser de reforestación, conservación de bosques, restauración de suelos o almacemaniento y captura de dióxido de carbono en proyectos de petróleo y gas natural, entre muchos otros.
Actualmente, distintos países tienen o están en vías de crear mercados de carbono para canalizar financiamiento hacia iniciativas verdes. Las empresas que necesitan cumplir con las legislaciones ambientales de sus países de origen buscan en estos mercados comprar créditos y compensar las emisiones que generaron en sus actividades económicas.
El texto unificó tres proyectos presentados por la senadora salteña Flavia Royon, los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y el senador chaqueño Jorge Capitanich.
«(El proyecto) no crea un mercado de cumplimiento obligatorio en nuestro país, ni interviene en los mercados voluntarios. Sí permite que los créditos de carbono que se generan en nuestro país puedan ser comercializados en los mercados regulados internacionales o en aquellos mecanismos como el artículo 6 de París o los mercados de CORSIA (por sus siglas en inglés, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), que necesitan una autorización del país y valen mucho más”, explicó Royón durante la sesión.
La senadora por Salta explicó que el proyecto busca evitar que una misma tonelada de dióxido de carbono se contabilice dos veces. «Para evitarlo, se requiere una autorización previa de nuestro país y el correspondiente ajuste de la contabilidad de los resultados de mitigación utilizada para el seguimiento de la contribución determinada a nivel nacional”, dijo.
La regulación podría generar en la Argentina un mercado de comercialización de créditos verdes que representaría exportaciones por entre 1.400 y 3.900 millones de dólares según Royon. Solo los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra.
, Nicolás Deza
