Los diputados de Neuquén le aplicaron este miércoles un freno de mano al tratamiento del nuevo Código de Procedimiento Minero de la provincia, un proyecto que presentó el gobernador Rolando Figueroa el 1 de marzo y cuyo debate el oficialismo aún no logró encauzar. Ahora proponen crear una comisión interpoderes ad hoc con integrantes del gobierno, legisladores y miembros de la justicia para producir un texto «homogéneo» que pueda convertirse en ley en el mediano plazo.
La propuesta fue presentada por el presidente de la comisión de Hidrocarburos y Energía, Damián Canuto (PRO), quien aludió que la «complejidad y solemnidad» de la regulación de la actividad minera amerita un análisis exhaustivo con todos los actores.
«No hay premura ni intención de aprobar un despacho sin discusión», sostuvo.
El Código de Procedimiento Minero lleva varios meses en la comisión, aunque sin demasiados avances. El director de Minería de Neuquén, Carlos Portilla, asistió a la Legislatura en julio para explicar a los diputados el proyecto y argumentó que la intención es ordenar en un solo texto normativo la regulación de la actividad y brindar seguridad jurídica a futuras inversiones.
Tras esa exposición, el debate volvió a quedar frenado hasta que, en septiembre, Canuto presentó una versión alternativa del texto trabajada con el Poder Ejecutivo que recortó más de 80 artículos -pasó de 288 a 201- y adecuó su redacción al nuevo Código Procesal Civil Adversarial que entró en vigencia el 1 de agosto en Neuquén.
El nuevo código busca unificar la legislación pero también modernizarla, ya que el procedimiento minero se rige hoy por la ley 902 de 1975.
«Trascendencia y complejidad»
El proyecto de resolución que elaboró Damián Canuto, y al que accedió EN/CLAVE, argumenta que la «entidad, trascendencia y complejidad» que importa la sanción de un código de procedimiento amerita que «se garantice y refuerce la interacción con los distintos sectores, sean públicos o privados, cuyas actividades se vean afectadas por la materia abordada por ese código».
En concreto, la propuesta es crear una Comisión Especial de Reforma del Código de Procedimiento Minero que estará integrada por diputados, dos representantes de la presidencia de la Legislatura, por dos funcionarios que designe el Poder Ejecutivo, y por el Poder Judicial y los representantes que designen.
La presidencia quedaría a cargo del propio presidente de la comisión de Hidrocarburos, es decir, Canuto, el cuerpo podrá invitar «a quienes considere pertinente» a participar de las deliberaciones.
Tendría una vigencia de seis meses desde su primera reunión, prorrogables por seis meses más, lo que podría extender el debate hasta fines del año que viene.
La propuesta de Canuto determina como «principios rectores» para la sanción del nuevo código la definición de «un marco normativo actualizado que acompañe el crecimiento de la actividad minera, otorgue previsibilidad a los actores del sector y garantice que el aprovechamiento de los recursos naturales se realice bajo parámetros de sustentabilidad, transparencia y responsabilidad institucional».
El legislador propuso en la comisión que el proyecto de resolución tome estado parlamentario en la sesión del miércoles que viene y sea tratado sobre tablas ese mismo día para avanzar rápido en su conformación.
Cuestionamientos y la prioridad de Figueroa
El Código de Procedimiento Minero presentado por el gobierno ya había recibido cuestionamientos de apoderados mineros de la provincia y de cámaras empresarias de Zapala, quienes reclaman participar de la discusión y hasta enviaron sugerencias para modificar la redacción original.
«Consideramos indispensable que las normas que se aprueben nazcan de los espacios reales de aplicación, recogiendo la experiencia concreta de quienes operamos en el terreno, y no se limiten a ser constructos teóricos elaborados de manera distante de la realidad de la práctica», fundamentaron.
Por otro lado, no termina de quedar en claro cuánto interés tiene el gobierno de Rolando Figueroa en sancionar esta ley, a menos, en el corto plazo. Si bien la ministra de Ambiente, Leticia Esteves, había dicho a EN/CLAVE el mes pasado que la intención era sancionarlo este año junto con el régimen de regalías mineras, los pasos en la Legislatura no reflejan una urgencia.
Figueroa tampoco parece haber involucrado en el debate a su principal armador, el diputado Francisco Lépore (Avanzar), quien sí lidera la discusión de la ley de Protección de Tierras Productivas, una prioridad de la gestión, y fue también uno de los defensores del acuerdo con petroleras para financiar la pavimentación de rutas.
Este mes, además, ingresará el proyecto de Presupuesto 2027 que se llevará el último envión legislativo antes del receso de verano y el ingreso de la política al modo campaña.
Si las elecciones se realizan en los primeros meses del año que viene, además, los diputados que queden sin posibilidad de reelección encontrarán pocos incentivos para abocarse a leyes complejas como las de minería.
, Andrea Durán
