El gobernador Rolando Figueroa autorizó la licitación para contratar las máquinas de Boleta Única Electrónica (BUE) que se usarán en las elecciones provinciales de 2027, una decisión que reactivó las especulaciones sobre un posible adelantamiento de los comicios a mediados de febrero.
El decreto 1669, firmado por Figueroa y el ministro de Gobierno Jorge Tobares, fija un presupuesto de $6.100 millones para el sistema que deberá operar sobre un padrón estimado de 630.000 electores. La apertura de ofertas será el 22 de octubre a las 10.
La anticipación del proceso administrativo es leída como una señal política. En 2023, la licitación se lanzó en diciembre, cuatro meses antes de la elección del 16 de abril. Aunque el Ejecutivo sostiene que se trata de una formalidad para “tener listo el instrumento”, el movimiento alimenta la hipótesis de una votación en pleno verano. Será la tercera elección neuquina con BUE desde la reforma electoral de 2016, y en todas las licitaciones previas se presentó un único oferente: el grupo MSA, proveedor también en Salta y CABA.
Los equipos territoriales del oficialismo y la oposición ya trabajan sobre un escenario de 14 de febrero. Dirigentes de La Neuquinidad recorren la provincia en búsqueda de acuerdos y candidatos, mientras el intendente Mariano Gaido acelera licitaciones y ejecuciones de obra para llegar a la campaña con avances visibles. Esta semana, el gobierno presentó el plan Neuquén Vive, un paquete de obras deportivas, culturales y turísticas por $685.800 millones, que busca reforzar la narrativa de transformación provincial.
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La oposición también ajusta su estrategia. El senador Pablo Cervi afirma que un adelantamiento sería una señal de temor del oficialismo y sostiene que “si fuera por ellos, adelantarían las elecciones lo más posible”. En paralelo, La Libertad Avanza evalúa su rol: si el gobierno nacional profundiza el acercamiento a Figueroa, podría competir sin su figura más fuerte, la senadora Nadia Márquez, o incluso revisar su participación en la contienda.
Si el gobierno decidiera votar en febrero, el decreto de convocatoria debería firmarse en los primeros diez días de noviembre, cumpliendo el plazo legal de 90 días. La definición dependerá del estado de las obras en ejecución, de la capacidad de mostrar resultados durante la campaña y de las negociaciones con aliados para replicar el esquema de listas colectoras utilizado en 2023. En la capital, el oficialismo se encamina a ordenar la sucesión del intendente Mariano Gaido en torno a la jefa de Gabinete María Pasqualini.
La licitación anticipada, la aceleración de obras y el movimiento territorial configuran un escenario donde la política neuquina ya actúa como si febrero fuera una posibilidad concreta, aunque la decisión final aún depende del gobernador.
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