Transportistas, sindicatos y organizaciones sociales de Bolivia anunciaron movilizaciones debido al alza del precio de los combustibles, tras el fin de la subvención gubernamental al diésel, decretada el 19 de septiembre último, y que repercute en las tarifas del transporte y en los precios de los productos.

La decisión, anunciada por el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, la medianoche del viernes a través del Decreto Supremo 5716, puso fin al esquema subsidiado y estableció un nuevo precio de referencia para el diésel.

De acuerdo con el Gobierno, la medida forma parte de un programa para enfrentar la crisis económica, reducir el peso fiscal de los combustibles y mejorar el abastecimiento, después de meses de escasez.

La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó la medida, que sectores sociales comienzan a calificar como “dieselazo”, y convocó a un ampliado nacional de emergencia para definir posibles acciones.

La central sindical sostuvo en un pronunciamiento que la decisión representa un duro golpe a la economía popular, vulnera la estabilidad de las familias trabajadoras y desencadenará un proceso inflacionario que afectará directamente el costo de la canasta básica y los medios de vida de los trabajadores.

La central afirmó que “en uso de sus atribuciones orgánicas y estatutarias, convoca de manera inmediata a un ampliado nacional de emergencia, con la participación de todas las Confederaciones, Federaciones Nacionales, Centrales Obreras Departamentales (COD’s) y Regionales (COR’s) para evaluar la coyuntura, escuchar la posición orgánica de los sectores afiliados y definir las medidas de lucha que correspondan”.

El transporte fue uno de los primeros sectores donde el impacto de la medida se hizo visible, pues el incremento del combustible elevó los costos de operación de camiones y autobuses, y podría tener repercusiones en los pasajes y fletes.

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