Pese a que YPF había decidido estabilizar el precio en surtidor por 45 días ante el aumento del petróleo por la guerra en Medio Oriente, lo que trajo relativo alivio a los conductores, el Gobierno decidió implementar parcialmente la suba del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono que había postergado en abril, que impactará sobre el valor de la nafta y el gasoil a partir del 1° de mayo.

La medida se implementó a través del Decreto 302/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las ventas de combustibles en marzo alcanzaron los 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que implicó una caída del 1,8% frente al mismo mes de 2025. Con este resultado, el sector cerró el primer trimestre del año con un descenso acumulado del 1,1% en comparación con igual período del año pasado.

El desempeño mensual dejó en evidencia una contracción más marcada en el segmento de naftas, que retrocedió un 2,4%, mientras que el gasoil mostró una baja más moderada del 1,1%. Dentro de cada categoría, los productos de menor costo fueron los más afectados: la nafta súper cayó 4,1% y el gasoil común se desplomó 5,8%. En contrapartida, las versiones premium lograron sostener una dinámica positiva. La nafta de mayor octanaje creció 2,7% interanual, mientras que el gasoil premium avanzó 6,4%, aunque estos incrementos no alcanzaron para revertir la tendencia general a la baja.

De cuánto es el aumento de impuestos a los combustibles

En el caso de las naftas, el ajuste será de $10,398 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, las subas serán de $9,269, con un adicional diferencial de $5,019, y de $1,056 en el tributo ambiental.

Al mismo tiempo, el decreto dispone que los incrementos remanentes de los impuestos, correspondientes a actualizaciones de 2024 y 2025, se postergan hasta el 1° de junio de 2026, en una extensión del esquema de diferimientos que el Ejecutivo viene aplicando.

La actualización de estos tributos está prevista en la Ley 23.966 y se calcula en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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