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Oro detenido por permisos: la advertencia canadiense

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Canadá exhibe un caso que revela cómo los tiempos regulatorios pueden convertirse en un límite económico. Pese a contar con tradición aurífera y proyectos avanzados, mantiene 15 emprendimientos con reservas definidas y estudios de factibilidad que aún no logran iniciar producción. Según mining.com, esos activos podrían generar 2,5 millones de onzas anuales, equivalentes a US$11.000 millones de facturación potencial por año.

El estudio de S&P Global muestra que el tiempo promedio entre descubrimiento y producción alcanza los 16 años, y que los proyectos con factibilidad pueden demorar hasta 30 años en comenzar a operar. El problema no es la demanda —el oro tiene un mercado globalizado— sino las demoras administrativas que postergan inversiones y nueva oferta.

La situación canadiense resulta clave para Argentina, donde el oro ya es el principal producto minero de exportación. En 2025, las ventas externas del sector sumaron US$6.073 millones, con el oro explicando el 67,4% del total. En provincias como San Juan y Santa Cruz, el mineral representó más del 80% de las exportaciones mineras.

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El Gobierno argentino busca evitar que nuevos proyectos queden atrapados en la burocracia. En junio de 2026, mediante el Decreto 482/2026, modificó la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras para simplificar trámites, digitalizar procedimientos y reducir cargas administrativas. En agosto y septiembre se sumaron medidas para agilizar importaciones de maquinaria y crear un Registro de Inversiones Mineras.

Cada año adicional de demora implica mayores costos financieros, renegociación de contratos y exposición a cambios regulatorios o de mercado. En minería, el capital no espera indefinidamente, y las empresas comparan jurisdicciones por geología, infraestructura, impuestos y, cada vez más, por el tiempo necesario para pasar de exploración a producción.

El caso canadiense demuestra que incluso proyectos con reservas y factibilidad pueden quedar detenidos durante décadas. Para Argentina, la oportunidad está en transformar su ventaja geológica en producción efectiva, exportaciones y empleo, evitando que el tiempo administrativo se convierta en un freno económico.

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