Marcelo Rucci, líder del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, criticó la medida unilateral de Halliburton Argentina que exige una reducción del 23% en los contratos vigentes con sus proveedores, advirtiendo que esta decisión podría afectar gravemente a las pymes regionales y al empleo vinculado a la actividad en Vaca Muerta.

La empresa comunicó a sus contratistas que aplicará la baja en los valores contratados para el período de agosto a diciembre de 2026, otorgando un plazo de solo siete días para aceptar las nuevas condiciones. Rucci calificó esta acción como “una calamidad” y destacó que “las empresas locales son grandes generadoras de trabajo y estas decisiones unilaterales golpean directamente sobre el entramado empresario de la cuenca”.

El dirigente sindical manifestó que el sindicato está en estado de alerta y buscará impedir que el ajuste impacte sobre los trabajadores del sector. En sus palabras, “Acá no hay una propuesta ni una mesa de diálogo. Una empresa dominante decide mejorar sus números y descarga el ajuste sobre quienes menos margen tienen para soportarlo”.

Rucci subrayó que “esto no puede afectar a un solo compañero” y recordó que la industria ha recibido numerosos beneficios para invertir y producir, por lo que “no puede ser que nuevamente pretendan que los más débiles paguen los platos rotos”.

El sindicato también destacó la situación financiera de Halliburton, que reportó una ganancia neta de 534 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026 y destinó cerca de 200 millones de dólares a la recompra de acciones. Para Rucci, “una compañía global que gana más de 500 millones de dólares en un trimestre no puede pretender que una pyme neuquina de treinta empleados sea la que resuelva su problema de competitividad”.

Sumándose al reclamo, la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) expresó su “profunda preocupación y absoluto rechazo” ante la medida adoptada por Halliburton, advirtiendo que otras empresas de la cuenca podrían adoptar criterios similares, lo que ampliaría el conflicto en toda la cadena de valor de Vaca Muerta.

CEISA resaltó que las empresas neuquinas han realizado importantes inversiones en infraestructura, capacitación, tecnología y generación de empleo local para acompañar el desarrollo del shale. Enfatizaron que una reducción del 23% “no constituye una simple adecuación comercial”, sino una transferencia de costos hacia los proveedores, muchos de los cuales no cuentan con la capacidad financiera para absorber esta disminución sin afectar su estructura operativa.

Por ello, la cámara solicitó la apertura de una mesa de diálogo entre operadoras, empresas de servicios, proveedores, sindicatos y el Estado provincial. Su presidente, Raúl Pablo Martin, afirmó: “Vaca Muerta necesita competitividad, pero también necesita Responsabilidad Empresaria. No existe desarrollo sostenible cuando el ajuste recae exclusivamente sobre quienes generan empleo local”.

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) también manifestó su “más enérgico rechazo” a la reducción impuesta por Halliburton, criticando que la medida se comunicó con plazos muy cortos y sin diálogo previo.

FECENE destacó que las pymes proveedoras han invertido en tecnología y ampliado su capacidad operativa, generando miles de puestos de trabajo para sostener el crecimiento de la actividad. Modificar de manera intempestiva las condiciones contractuales pone en riesgo la sustentabilidad de este entramado productivo y la continuidad de numerosas empresas locales.

Además, la federación sostuvo que “la competitividad de la industria no puede construirse a costa del debilitamiento de los proveedores locales” y recordó que el desarrollo de Vaca Muerta requiere relaciones comerciales equilibradas, previsibilidad y respeto por los compromisos asumidos.

Por último, FECENE instó a Halliburton a dejar sin efecto la reducción y a convocar a una instancia de diálogo para buscar alternativas que permitan sostener la actividad. También llamó a operadoras, cámaras empresarias y autoridades provinciales a defender un modelo de desarrollo que combine competitividad con la protección del empleo y el tejido productivo local.

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