
El gobierno de Javier Milei buscará financiamiento externo para cumplir el fallo de la Corte Suprema de la Nación de 2009 que obligó al Estado Nacional a reforzar la seguridad de la presa Portezuelo Grande. El lunes, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo firmó un convenio de colaboración con Rolando Figueroa para la construcción de un canal aliviador de Vaca Muerta que permitiría aumentar la capacidad de evacuación de agua frente a una crecida extraordinaria del río Neuquén.
Se trata de infraestructura vital para evitar que un eventual desborde afecte a ciudades, cultivos y locaciones de Vaca Muerta aguas abajo de la presa.
Si bien no se difundió oficialmente el presupuesto que demandará la obra, estimaciones a las que accedió EN/CLAVE la ubican en torno a los 200 millones de dólares.
El gobierno de Neuquén ya licitó el Estudio de Impacto Ambiental que adjudicará a su costo antes de fin de año y también se ocupará de convocar a la audiencia pública para exponer los detalles del proyecto. Si los plazos avanzan según lo previsto, la construcción del canal podría comenzar en abril del 2027.
El proyecto fue elaborado por la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata a pedido del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Según informó la Provincia, los estudios técnicos determinaron que «la principal limitación del complejo Cerros Colorados frente a grandes crecidas no está en la capacidad de almacenamiento de sus embalses, sino en las posibilidades de evacuar grandes volúmenes de agua».
Por eso, el nuevo canal funcionará como una tercera alternativa de descarga hacia el embalse Los Barreales. Su activación estará asociada a un «sistema de terraplén fusible, diseñado para habilitar el paso del agua cuando se alcancen determinados niveles de crecida».
Concesiones hidroeléctricas y crédito del BID
El cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia para reforzar la seguridad de Portezuelo Grande fue uno de los acuerdos alcanzados por Neuquén y Río Negro en la negociación con el gobierno nacional por las nuevas concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue en 2025.
Los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck reclamaron, junto con la redefinición del cobro de regalías y canon de agua, la creación de un fondo dentro de la Autoridad Jurisdiccional de Cuencas (AIC) para realizar obras de protección. Y fijaron un plazo de hasta 24 meses para realizar los estudios técnicos completos que definan las obras necesarias para cumplir con el fallo de 2009 por la represa Portezuelo Grande.
Las nuevas concesiones se firmaron en diciembre del año pasado por 30 años y un total de 706 millones de dólares. Por Piedra del Águila, se firmó un contrato de 245 millones de dólares con Central Puerto; por El Chocón, fue por 235,6 millones de dólares con la firma MSU Green Energy; por Alicurá, el contrato fue por 162 millones de dólares con Edison; y Cerros Colorados quedó para la misma empresa por 38 millones de dólares.
El gobierno de Javier Milei cumplirá un fallo de la Corte y construirá un canal aliviador de Vaca Muerta en la presa Portezuelo Grande
El convenio firmado ahora por Neuquén y el gobierno de Milei estableció que el Estado nacional tendrá a su cargo el desarrollo del proyecto ejecutivo del canal aliviador de Vaca Muerta en Portezuelo Grande, los procedimientos de contratación, la inspección y la supervisión de los trabajos a través de la Secretaría de Obras Públicas.
En tanto la secretaría de Energía deberá gestionar los mecanismos de financiamiento, que se instrumentarán «mediante los contratos de concesión de los complejos hidroeléctricos del Comahue y los instrumentos financieros correspondientes».
Desde el gobierno provincial indicaron a EN/CLAVE que Nación aún no terminó de estructurar el financiamiento, pero que lo más probable es que recurra para ello al Banco de Integración y Desarrollo (BID), que ya viene trabajando con la gestión en varios programas.
El fallo que obligó a reforzar Portezuelo Grande
El fallo que condenó al Estado Nacional a reforzar la seguridad de la presa Portezuelo Grande en Neuquén tuvo sentencia de primera instancia en 2007.
Fue la entonces jueza Carolina Pandolfi quien resolvió un amparo presentado por una vecina de Cipolletti, Rosa Rozniatowski, motivada por una crecida extraordinaria de julio de 2006. Esas lluvias generaron el ingreso de 10.347 m3 de agua por segundo a Portezuelo Grande y dejaron al sistema quedó muy cerca del límite de contención, cuyo tope es de 11.500 m3 por segundo.
La jueza describió el riesgo que se generaría frente a un pico máximo de crecida en el río Neuquén estimado en 14.520 m3 por segundo: dijo que derivaría en la eventual ruptura del dique Portezuelo Grande y el resto del complejo Cerros Colorados.
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Por eso la sentencia de primera instancia hizo lugar al amparo y condenó al Poder Ejecutivo Nacional a «realizar las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa para que resista una crecida máxima probable (pico instantáneo) de 14.520 m3/s».
«O la presa es segura o no lo es, pero si se llega a la conclusión de que no es segura, alguien tiene que ocuparse de que lo sea y, para ordenarlo, quién sino el Poder Judicial», resolvió Pandolfi.
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca rechazó el recurso presentado por el Estado Nacional y el caso llegó a la Corte, que en 2009 dejó firme la sentencia. Fue con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
Con la obra del canal aliviador de Vaca Muerta, la capacidad de evacuación de Portezuelo Grande sumaría 4.000 m3 de agua por segundo a los 11.500 m3 existentes, incorporando una tercera vía de descarga que permita responder ante eventos hidrológicos extremos sin comprometer la presa.
, Andrea Durán












