La jueza de Nueva York, Loretta Preska, determinó en septiembre del año pasado que el Estado argentino deberá indemnizar con US$ 16.000 millones a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park por la expropiación de YPF concretada en 2012. En noviembre indicó que las acciones de la petrolera pertenecientes al Estado Nacional podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Sin embargo, hasta ahora el gobierno no puso ninguna garantía y Burford reaccionó pidiéndole a la magistrada que ordene que le transfieran esas acciones como forma de pago en caso de que la apelación salga a favor de los demandantes. La duda que genera la jugada del fondo especulativo es si la compañía vuelve a estar en riesgo luego de que Preska determinara que era el Estado y no YPF quien debía compensar a los acreedores.

La jueza neoyorkina resolvió en marzo del año pasado que el Gobierno argentino debió haber realizado en 2012 una oferta pública a todos los accionistas de YPF, como prevé el estatuto de la compañía, y no solamente a la española Repsol, que tenía la mayoría del paquete. «Ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada, pero (Argentina) no lo hizo», aseguró.

La magistrada dictaminó en ese momento que la Argentina es responsable, pero accedió a la petición de YPF de desestimar los reclamos en su contra. De esta forma, liberó a la compañía de la obligación de resarcir a los fondos y le apuntó exclusivamente al Estado Nacional al determinar que deberá indemnizar a Burford y Eton Park nada menos que con U$S 16.000 millones.

Jueza Loretta Preska.

Burford presiona

La novedad de los últimos días es que YPF volvió a aparecer en el medio del conflicto por el resarcimiento ya que trascendió que Burford pidió quedarse con las acciones de la compañía como parte de la indemnización que le deben.

Fuentes al tanto de las actuaciones que tramitan en Nueva York aseguraron que existe una probabilidad minoritaria aunque real de que eso ocurra, sobre todo si el gobierno argentino no muestra predisposición para negociar con Burford alguna salida privada a esta situación.

Pese a todo, sigue siendo bastante más alta la probabilidad de que YPF quede afuera de esta disputa con el Estado argentino. Primero porque la jueza ya falló sobre el tema cuando condenó al Estado argentino (y excluyó a YPF del litigio) y segundo parece complejo que sea la jueza quien determine con qué activos ese Estado tiene que cancelar su deuda. Para decirlo claramente, YPF no es la Fragata Libertad que fue retenida en octubre de 2012 en el puerto ghanés de Tema cuando la Argentina se negaba a cumplir con el fallo del juez Thomas Griesa que ordenaba pagar el 100% de la deuda que tenían en su poder los fondos buitres. La petrolera argentina no navega por los mares del mundo. Por lo tanto, pareciera que el riesgo que enfrenta es menor.

Ahora bien, si la Argentina sigue haciendo caso omiso del planteo de la jueza y fingiendo que el fallo en su contra no existiese, es probable que la magistrada dé un paso más allá, como en su momento ocurrió con Griesa, y busque la manera de forzar el cumplimiento de la sentencia. En esa clave, aunque en la práctica no pueda embargar a la petrolera, si da lugar al pedido de Burford, eso sólo ya impactará en el valor que tiene la empresa, justo en un momento en el que la nueva conducción busca restructurar a la firma para lograr que se enfoque casi exclusivamente en Vaca Muerta con la intención de potenciar las exportaciones de hidrocarburos de cara a 2030.  

, Redaccion EconoJournal