El gobierno nacional informó que “la República Argentina completó su exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, en el contexto de medidas concretas que el Estado argentino viene impulsando para defender nuestros derechos sobre las Islas Malvinas y sus recursos naturales”.
Así lo indicó el vocero presidencial Adrian Ravier en conferencia de prensa, describiendo que entre tales acciones se destacan las siguientes:
“En primer lugar, el envío de más de 180 notas de desaliento a empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, a otros proyectos de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa y a las compañías que les prestan servicios”. “Estas comunicaciones también fueron dirigidas a las licenciatarias de permisos de pesca y a los países de cuyo origen son esas empresas”, añadió.
“En segundo lugar, el inicio de 60 procedimientos sancionatorios contra distintas empresas vinculadas a proyectos hidrocarburíferos en la zona en disputa. Además, la presentación de denuncias penales contra empresas y personas involucradas en el proyecto Sea Lion”. “También se iniciaron procedimientos sancionatorios y penales contra la empresa Thales UK Limited, tras detectarse vuelos no autorizados en el espacio aéreo sobre el cual la Argentina ejerce soberanía, con destino a las Islas Malvinas”.
“A esto se suma el envío al Congreso del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone reemplazar la ley 26.659 por un régimen más estricto”, señaló Ravier.
Y detalló que “por otra parte, el gobierno nacional impulsa el desarrollo de la base naval integrada en Ushuaia, con el objetivo de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, ampliar las capacidades logísticas para las operaciones antárticas, tanto nacionales como de terceros países, y reforzar las capacidades de control en la región”.
“En el plano diplomático, la Argentina profundizó sus reclamos históricos ante los organismos de las Naciones Unidas y continuó denunciando ante la comunidad internacional las decisiones unilaterales británicas en el territorio en disputa”, añadió.
El vocero recordó que “nuestro país inició un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido conforme al anexo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Volviendo al Tribunal del Mar, se solicitó la adopción urgente de medidas provisionales contra el Reino Unido, con el objetivo de impedir que avance la explotación ilegítima de hidrocarburos en el área marítima de las Islas Malvinas mientras se desarrolla el arbitraje internacional”.
Durante dos días de audiencias la delegación argentina presentó los fundamentos jurídicos de nuestro reclamo y expuso la urgencia de adoptar medidas que eviten daños irreversibles sobre los recursos naturales y el medio marino, añadió.
Y precisó que “el reclamo se centra en el proyecto petrolero Sea Lion, que contempla la explotación de hidrocarburos durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas. La Argentina sostuvo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de recursos naturales de un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa y cuyo proceso de descolonización permanece pendiente ante las Naciones Unidas”.
Ravier recordó que “desde 1965 la Organización de las Naciones Unidas reconoce expresamente la existencia de esta controversia de soberanía y exhorta a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas”.
“En particular, puntualizó el funcionario, la resolución 31/49 de la Asamblea General insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras se desarrolla el proceso recomendado por las Naciones Unidas”. “Nuestro país ha rechazado sistemáticamente las licencias y decisiones unilaterales británicas y reiteró su disposición al diálogo en agosto de este año, convocatoria que fue desestimada por Londres”.
Ravier remarcó que “el segundo eje de la presentación fue el carácter irreversible de la extracción de hidrocarburos, ya que lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva. Asimismo, la delegación argentina advirtió sobre los riesgos ambientales asociados al proyecto Sea Lion”.
Al respecto destacó que “según el propio plan de contingencia de una de las compañías involucradas existe la posibilidad de que un eventual derrame de petróleo alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días. En este escenario, nuestro país debería coordinar la respuesta y afrontar las consecuencias de una actividad que no autorizó”.
“Por estos motivos la Argentina solicitó la adopción urgente de medidas provisionales, que impidan que el avance del proyecto genere una situación irreversible, que no pueda ser subsanada mediante una decisión arbitral posterior”, remarcó.
Y añadió que “la competencia prima facie del tribunal quiere decir que existen fundamentos jurídicos suficientes para considerar, de manera preliminar, que la disputa involucra la interpretación o la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.
“En términos concretos, la Argentina sostiene que mientras persista la controversia, el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente la explotación de los recursos naturales no renovables y generar daños irreparables antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir. El tribunal puede expedirse sobre esta cuestión sin siquiera tratar la cuestión de soberanía”, puntualizó Ravier.
“La República Argentina reafirma su compromiso con la defensa de sus derechos, la protección de sus recursos naturales y la resolución pacífica de las controversias conforme al derecho internacional”, remarcó.
El vocero felicitó a la delegación argentina por el trabajo realizado, que estuvo integrada por un equipo jurídico de primer nivel, compuesto por María Ibarzábal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; Mario Oyarzábal, Consejero legal de la Cancillería en calidad de agente ante el tribunal; la Embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los reconocidos internacionalistas Marcelo Cohen y Nico Schvirzer, a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Gustiniani.












