El vocero presidencial, Adrian Ravier, remarcó la postura del gobierno nacional manifestada la semana pasada acerca de las sanciones previstas por Ley (26.659/2011) para las empresas que participen de la exploración y/o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas anunciada por el consorcio británico-israelí, Rockhopper-Navitas, en el offshore Sea Lion, de la Cuenca Malvinas Norte.

Se refirió también a la decisión de iniciar la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego para aumentar capacidades en telecomunicaciones e inteligencia en ésa región estratégica del Atlantico Sur.

Ravier, expresó que “si no actuamos hoy con firmeza y celeridad, en pocos meses estas corporaciones tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas del petróleo de nuestro mar. Permitir este avance sentaría un precedente peligroso, que podría facilitar que el Reino Unido profundice su usurpación y continúe explotando impunemente nuestros recursos estratégicos”.

“Ante esta amenaza, desplegamos todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales del Estado para defender nuestra soberanía”, señaló.

Y detalló que “en primer lugar, se firmó el decreto reglamentario 868 de 2026 para dar la máxima celeridad y coordinación a los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659”. A partir de este decreto, se nombra oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley referida, lo que permite concentrar las competencias administrativas y sancionatorias en el mismo ministerio que define la estrategia diplomática.

El funcionario destacó que además “se introduce una modificación al reglamento del RIGI a partir de la cual los representantes legales de los proyectos que adhieren al régimen deberán presentar una declaración jurada asegurando que ningún participante del proyecto viole la Ley 26.659”.

Y, por último, “se establece que todos los interesados en operar en el sector hidrocarburífero nacional deberán presentar una declaración jurada asegurando de forma expresa que ni ellos ni las personas humanas o jurídicas con participación directa o indirecta en sus empresas incurren o incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659”.

Ravier leyó; “en síntesis, este decreto lleva a que quienes operen en nuestras islas a espaldas de nuestro Gobierno tenga que elegir: o una apuesta ilegal en aguas en disputa, o una operación rentable, segura y con reglas claras en el territorio continental de una Argentina soberana”.

Si se incurre en conductas prohibidas por la Ley 26.659 sancionaremos no solo a las operadoras, sino a sus accionistas, directores y proveedores, ratificó.

Ravier puntualizó en la conferencia habitual de los días martes en Casa Rosada que “en segundo lugar, mediante el DNU 867/2026 ampliaremos los recursos del Ministerio de Defensa, utilizando ingresos de capital que no afectan nuestra política de déficit cero. El fin prioritario será iniciar la construcción de la base naval integrada en Tierra del Fuego y aumentar nuestras capacidades en telecomunicaciones e inteligencia”.

“Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”, describió.

Preguntado que fue por los periodistas acreditados, Ravier sostuvo que “claramente el reclamo que todos pudieron escuchar en la cadena nacional es un reclamo pacífico, diplomático y no militar. No hay ningún conflicto bélico en este sentido”.
Y también respondió “en relación con la base naval que se va a construir en Tierra del Fuego, es una base naval que se construye independientemente desde la Argentina. No hay ningún acuerdo con los Estados Unidos al respecto, ningún apoyo de ninguna índole”, aseveró.

Acerca de la “Defensa de la Soberanía Nacional”

Y también anunció que “En tercer lugar, se enviará al Congreso de la Nación, con carácter de urgencia, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Esta ley va a endurecer las penas de la Ley 26.659. Se le prohíbe tanto al Estado argentino como al sector privado la celebración de contratos con compañías infractoras, proveedores y colaboradores”.

Ravier se explayó en su lectura detallando que “la ley habilitará el juicio en ausencia cuando corresponda, extenderá el alcance sancionatorio a otras actividades de explotación y creará el Consejo de Seguridad nacional”.

“Este consejo va a definir la política de seguridad nacional y va a velar por su aplicación transversal coordinando el trabajo de las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Además, el proyecto también incluye un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima”, describió.

El Vocero señaló además que “a estas medidas anunciadas por el Presidente, se le suma la denuncia penal presentada el día de ayer. El Canciller Pablo Quirno con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra las empresas que participan en la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte”.

“Nuestra respuesta judicial se complementa con una estrategia diplomática integral. La Cancillería ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en estos proyectos ilegales. Hemos tejido alianzas y construido consensos regionales firmes, como el reciente comunicado conjunto con el Presidente de Chile, José Antonio Kast, que rechaza la extracción de recursos en las islas”, aseveró.

“Contamos con 18 resoluciones y declaraciones de foros internacionales que respaldan nuestro legítimo reclamo, incluyendo el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, la OEA, el Mercosur, la Celac, la Comunidad Iberoamericana y la Unión Europea”, recordó Ravier a modo de antecedentes del histórico reclamo planteado por sucesivos gobiernos.

Y destacó además que “en estos días también recibimos el apoyo de diversos participantes del sector energético. Las mayores empresas del mundo en provisión de equipos y tecnología petrolera emitieron comunicados de distanciamiento respecto al proyecto Sea Lion para evitar quedar alcanzadas por las inhabilitaciones del decreto 868 de 2026”.

“El mundo sabe que la Argentina está cambiando y que se encamina a ser un actor de peso en el concierto de las Naciones, una realidad que se refleja en hechos inéditos como la reevaluación de la postura histórica de los Estados Unidos respecto a las Malvinas”, enfatizó el funcionario, interpretando declaraciones del presidente Donald Trump.

Ravier casi reiteró un textual de Javier Milei en la cadena nacional de la semana pasada señalando que “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido ni a una facción de la política. Malvinas es una causa nacional. Por eso, repetimos el llamado a toda la dirigencia política, económica y social y a todos los sectores de nuestra sociedad civil. Podemos discutir muchos temas, pero ante Malvinas, debemos mostrar un frente unido ante el mundo”.

Resulta insoslayable ligar en lo discursivo estas declaraciones, con la expresada voluntad de Milei de reelegir en 2027.