Mayo inició con un ambiente sofocante para el sector empresario de las energías renovables, por cambios de fondo que exonerarían a la estatal de pagos pendientes con generadores privados, renegociación de sus contratos, entre otras medidas.
Por un lado, el gobierno de Honduras celebra desde el 1 de mayo la nueva propuesta de decreto legislativo presentada por Rodolfo Pastor de Maria y Campos, secretario de Estado en el despacho de la Presidencia. Se trata del “Proyecto de Ley Para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social”.
Aquel ganó adeptos y opositores porque si bien propone una “matriz energética con un 70% de energía renovable para reducir la dependencia de la importación de combustible fósil” al mismo tiempo coarta la participación de la iniciativa privada para que el 60% sea de participación estatal.
El escenario se complica aún más para el inversor de las energías renovables cuando el proyecto de ley propone cambiar las reglas del juego exonerando de pagos pendientes a la empresa eléctrica estatal a pesar de reconocer que la deuda principal en mora de la ENEE con las empresas generadoras de energía térmica y renovable supera los 14 mil millones de lempiras.
Por otro lado, desde la Secretaría de Energía convocaron a Mesas de Renegociación de Contratos de Energía con Generadoras este 2, 3 y 4 de mayo, señalando que el primer encuentro al que asistieron empresarios del rubro solar fue “productivo”.
Ahora bien, desde el otro lado de la vereda, los generadores renovables que asistieron entre el lunes y martes aseguran que existe un descontento ante la renegociación, exigen que se retomen los pagos y respecto a la ley que propone el actual gobierno consideran que daña al mercado y lo torna monopólico.
A aquellos reclamos se suman otros en el plano internacional. Laura Dogu, embajadora de los Estados Unidos ante la República de Honduras, se pronunció en contra de estas medidas, entendiendo que vulneran los derechos y garantías de locales y extranjeros.
«La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora», expresó en redes sociales.
