Los proyectos presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) alcanzaban al 1 de septiembre de 2026 un volumen agregado de US$199.010 millones entre iniciativas aprobadas y expedientes en evaluación. No obstante, más de tres cuartas partes de esa cifra corresponden a propuestas que todavía no recibieron aprobación definitiva.

Según un relevamiento elaborado por la consultora Paspartú, el régimen contabilizaba 22 proyectos aprobados, 22 en evaluación y una solicitud rechazada. Dentro del grupo pendiente de resolución se concentran inversiones anunciadas por US$151.936 millones.

Al analizar la composición sectorial de los proyectos en trámite, petróleo y gas explican el 80% de los montos informados, mientras que la minería representa otro 18%. Esa distribución confirma el protagonismo que mantienen Vaca Muerta y los grandes proyectos exportadores dentro de la cartera de inversiones asociada al régimen.

Con US$89.500 millones informados, Neuquén se consolidó como el principal polo de atracción de capitales. La provincia reúne el 58,9% de los montos vinculados a iniciativas que continúan bajo evaluación administrativa.

Entre los expedientes de mayor escala sobresalen Argentina LNG, impulsado por YPF, con una inversión anunciada de US$51.000 millones, y LLL Oil, también asociado a la petrolera de mayoría estatal, por otros US$25.000 millones.

Una fotografía distinta surge cuando se observan exclusivamente las iniciativas ya aprobadas. En ese universo, la minería lidera con US$18.109 millones de inversión mínima computable, equivalentes al 62,7% del total, mientras petróleo y gas reúnen US$9.750 millones y representan el 33,7%.

Más allá del volumen global anunciado, el estudio diferencia entre inversiones comprometidas formalmente e inversiones proyectadas. Los proyectos aprobados acumulan US$47.074 millones de inversión total, aunque US$28.888 millones corresponden a compromisos mínimos sujetos a penalidades por incumplimiento. El resto, unos US$18.186 millones, no se encuentra alcanzado por las mismas exigencias regulatorias.

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Dentro de ese esquema, los primeros dos años de ejecución concentran inversiones iniciales por US$11.808 millones. Esa diferencia entre desembolsos obligatorios y montos proyectados expone la importancia de distinguir entre compromisos efectivos y anuncios de expansión de largo plazo.

Otro de los puntos relevantes identificados por el relevamiento es la disponibilidad limitada de información pública. El informe sostiene que todavía no se conocen en detalle cronogramas de obras, fuentes de financiamiento, participación de proveedores locales, generación de empleo ni proyecciones de producción y exportación para varios proyectos en evaluación.

Finalmente, el documento incorpora una observación regulatoria vinculada a las exportaciones de gas por ductos. Según el análisis, persisten áreas grises respecto de las autorizaciones, la firmeza contractual y los mecanismos de redireccionamiento al mercado interno. Para proyectos asociados al desarrollo de Vaca Muerta y a la expansión de la infraestructura regional, la definición de esas reglas aparece como un factor relevante para evaluar el avance de las inversiones anunciadas.

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