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RIGI: El gobierno activo cambios y precisiones. El caso de los proveedores locales

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El gobierno nacional decretó una serie de modificaciones a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que fuera aprobado por el Congreso con determinadas condicionalidades, como la participación obligatoria en los proyectos de proveedores locales en un mínimo del 20 por ciento, exigencia que ahora generó “precisiones” o cambios de criterio dispuestos por el ministerio de Economía que favorece a los empresarios extranjeros.

En los considerandos del Decreto 1366/2026, ya oficializado, se sostiene que “la experiencia recogida durante la implementación del régimen evidencia la conveniencia de introducir adecuaciones puntuales a su reglamentación, con el objeto de precisar el alcance de determinadas disposiciones y preservar la coherencia entre los objetivos del régimen y las condiciones establecidas para acceder a sus beneficios”.

Y señala, en primer lugar, “que corresponde adecuar la definición de proveedor local prevista en el Decreto 749/24 y sus modificatorios, con el fin de establecer que, en el caso de las personas jurídicas, dicha condición se determine en función de su constitución y domicilio en el país, sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social”.

“La constitución y radicación de una persona jurídica en el país constituyen criterios relevantes para determinar su carácter de proveedor local, en tanto permiten reconocer a las empresas que desarrollan su actividad en el territorio nacional, sin que la composición de su capital social constituya, por sí sola, un impedimento de su participación en las cadenas de suministro de los proyectos RIGI”, señala el decreto que ahora ajusta el decreto 749/24 que reglamentó el capítulo de la Ley Bases dedicado al RIGI.

Por otra parte, el D-1366 considera que “corresponde distinguir el cumplimiento del monto mínimo de inversión exigido para el Proyecto Único en su conjunto, de los compromisos de inversión asumidos para cada una de sus etapas, toda vez que se trata de exigencias diferenciadas, sujetas a sus respectivos parámetros de cumplimiento”.

“A tal efecto, se establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión correspondiente al proyecto en su conjunto, sin que ello modifique los montos mínimos ni los compromisos de inversión previstos para cada etapa, cuyo cumplimiento deberá verificarse de conformidad con las disposiciones específicas del régimen”, se indica.

“De este modo, la modificación procura dotar de mayor claridad al régimen de cumplimiento de las inversiones de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, preservando las exigencias específicas establecidas para cada una de sus etapas”, se argumentó.

En otro orden, el D-1366 hace hincapié en que mediante el artículo 207 de la Ley Bases 27.742 se contempla la posibilidad de transferir, directa o indirectamente, las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI.

Sobre esto, se consideró necesario “precisar el alcance de dicha previsión y otorgar certeza respecto de sus efectos”, estableciendo que “la adquisición de acciones, cuotas o participaciones sociales de un VPU con posterioridad a la presentación de su solicitud de adhesión no altera, por sí misma, los derechos derivados de su incorporación al régimen, ni da lugar al cómputo de inversiones en activos computables a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión previsto en el artículo 174 de la Ley 27.742”.

Entonces, “corresponde establecer un procedimiento (de notificación a la Autoridad de Aplicación) que instrumente dichas modificaciones, sin afectar los derechos del VPU adherido ni los de su Proyecto RIGI, resguardando, a su vez, la continuidad en el cumplimiento de los compromisos de inversión y demás obligaciones asumidas en el marco del régimen”.

Entonces, las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos que funcionen como vehículos de proyectos RIGI podrán ceder participaciones o incorporar socios. Deberán informarlo dentro de los 15 días de inscripta la operación, con el consentimiento del resto de los miembros y la acreditación de que el nuevo integrante asume los compromisos de inversión y las garantías pendientes. El organismo tendrá 30 días para objetarla; si no lo hace, se dará por aprobada.

Asimismo, en los considerandos del nuevo decreto “se estima conveniente regular la posibilidad de que las Sucursales Dedicadas adheridas al RIGI lleven a cabo una reorganización societaria mediante la transferencia de la totalidad de los activos, pasivos, derechos y obligaciones afectados al Proyecto RIGI a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal constituida a tal efecto”.

La nueva empresa reemplazará a la sucursal con todos sus beneficios y compromisos, sin que eso implique una nueva adhesión ni cambie la fecha original o los plazos. Esa autorización no reemplaza el consentimiento de terceros que pueda requerirse para transferir concesiones o permisos.

Asimismo, se contempla la posibilidad de que el Banco Central establezca determinadas condiciones para el acceso al mercado de cambios de los VPU adheridos que hubieran contemplado en su análisis de factibilidad económica el incentivo previsto por la Ley 27.742 respecto de los cobros de exportaciones.

El Banco Central podrá condicionar ese acceso para las empresas que hayan contado con el beneficio sobre los cobros de exportaciones a que las divisas ingresadas y liquidadas igualen o superen las que demanden. En ese cálculo también se computarán los dólares que aporten o consigan vía deuda externa los accionistas directos o indirectos del vehículo, los integrantes de las UTE y la casa matriz de las sucursales, siempre que los fondos vayan efectivamente al proyecto y puedan rastrearse en los registros contables.

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