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RIGI: el Gobierno cambió el estatus de proveedor local y habilitó a firmas de capital extranjero a competir

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El régimen de grandes inversiones flexibilizó los requisitos de integración nacional y habilitó a filiales extranjeras a competir como proveedoras locales.
El régimen de grandes inversiones flexibilizó los requisitos de integración nacional y habilitó a filiales extranjeras a competir como proveedoras locales.

El Gobierno nacional redefinió el estatus de proveedor local en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al introducir una modificación en la reglamentación de la ley que habilita a cualquier firma constituida y domiciliada en la Argentina a competir dentro del esquema de compras de los grandes proyectos. La medida busca responder a la necesidad de acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y contar con nuevos proveedores de servicios especializados, pero a la vez flexibiliza una norma que para el empresariado local ya era suficientemente laxa.

Mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y que suma otra reglamentación a la Ley de Bases que incluyó el RIGI, la posibilidad de considerar proveedor local a una empresa -hasta hoy limitada-, será independiente de la nacionalidad de sus accionistas o del origen extranjero de su capital social, lo que comenzó a generar primeras reacciones del entramado pyme local.

El Ejecutivo fundamentó la reforma en la necesidad de dotar de mayor agilidad operativa y seguridad jurídica a los Vehículos de Proyecto Único (VPU). El texto oficial sostuvo que resultaba indispensable «precisar el alcance de determinadas definiciones y procedimientos previstos en la reglamentación, a fin de evitar interpretaciones que pudieran obstaculizar la efectiva implementación de los proyectos adheridos».

La idea oficial es facilitarle a las empresas operadoras a que nuevas compañías de servicios puedan estar englobadas bajo el RIGI, sin la rigidez vigente hasta hoy. El riesgo es se acentúe la debilidad relativa que ya tienen los proveedores locales en un RIGI que cuenta con una demanda de apenas 20% de componente local en los proyectos, por lo que puede ser considerada una flexibilización polémica.

Tal como analiza el consultor Juan José Carbajales, así, se eliminó el requisito de que las empresas proveedoras domiciliadas en el país sean “titulares de al menos el 51% de su capital social o de los votos necesarios para formar la voluntad social”. El objetivo es favorecer la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los Proyectos RIGI, atendiendo a su vinculación jurídica con el territorio nacional y promoviendo mayor concurrencia de proveedores.

La nueva definición de proveedor local y el impacto sobre la cadena de valor

Las arenas son un insumo clave para la producción en Vaca Muerta.
La norma busca agilizar la participación local, lo que se manifiesta en cambios regulatorios como el actual, y en las Rondas de Negocios articuladas por el Ministerio de Economía.

La modificación central recayó sobre el artículo 3°, inciso f) del Anexo I del Decreto 749/2024. A partir de la nueva redacción, se considera proveedor local a toda persona jurídica constituida y domiciliada en el país, exigiendo únicamente que, cuando la operación involucre la entrega de bienes, estos cumplan con los criterios de origen establecidos en el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur.

Desde el entramado industrial advirtieron que este rediseño normativo altera las reglas de competencia para el desarrollo de cadenas de valor en la Argentina. «Se diluye el concepto de nacional porque una filial de multinacional constituida acá cuenta como local», aunque el valor agregado, la ingeniería y la decisión de compra queden afuera, señalaron fuentes del sector manufacturero consultadas tras la publicación del decreto.

El debate ocurre en un momento crítico para el entramado fabril vinculado a los sectores extractivos y energéticos. De acuerdo con un relevamiento de la Comisión de Inversiones y Promoción de la Industria de Bienes de Capital (CIPIBIC), el 66,9% de las importaciones cursadas bajo el paraguas del RIGI -equivalente a US$ 362,7 millones sobre un total de US$ 542,2 millones- corresponde a bienes con oferta de fabricación local.

El mismo informe precisó que, sobre un universo de 25 proyectos aprobados hasta el momento, apenas 11 registraron importaciones directas, mientras que el 55% de los compromisos de inversión total, valuados en US$ 20.272 millones, vence entre 2027 y 2028. «La ventana para que la industria entre en los pliegos de compra es ahora, no en 2028», porque si una PyME no está homologada con 12 a 18 meses de anticipación queda afuera del pico de demanda, explicaron referentes industriales.

Flexibilización del cronograma de los PEELP

A la par del cambio en el estatus de los proveedores, el Decreto 1366/2026 modificó el artículo 47, inciso i) de la reglamentación para flexibilizar el cronograma de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). La norma eliminó el vencimiento atado al cierre de las dos primeras etapas y estableció una fecha límite única propuesta por el propio inversor para cumplir el monto mínimo global, siempre que ese plazo guarde coherencia con las prácticas habituales del sector.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumentó que la unificación del plazo apunta a «otorgar previsibilidad al desarrollo de proyectos de gran envergadura cuyos ciclos de maduración técnica y financiera exceden los cortes temporales rígidos».

Desde el sector privado reconocieron que la medida evita que un emprendimiento pierda los beneficios fiscales y cambiarios por un desfasaje puntual en una etapa, aunque advirtieron que esa previsibilidad beneficia principalmente a los operadores de gran escala.

Reorganizaciones societarias y advertencias industriales sobre los riesgos

El decreto que firman el presidente Javier Mileil, y el ministro de Economía, Luis Caputo, modifica la reglamentación del RIGI y flexibiliza el estatus de proveedor local.

El tercer eje de la reforma sustituyó el artículo 62 del Decreto 749/2024 para autorizar reorganizaciones societarias, transferencias de acciones, incorporación de integrantes en Uniones Transitorias (UT) y transformación de sucursales dedicadas sin que el VPU pierda automáticamente los derechos adquiridos bajo el régimen. «Facilita que una PyME se asocie o ingrese a una UT sin poner en riesgo los incentivos del proyecto, pero al mismo tiempo la deja mucho más expuesta a ser absorbida o diluida dentro de la estructura del grande», analizaron fuentes del sector.

Por último, la modificación del artículo 100, inciso c) amplió el reconocimiento de divisas ingresadas desde el exterior. La reglamentación permite ahora computar aportes y financiamientos tomados por accionistas directos e indirectos o socios vinculados, siempre que los fondos se liquiden en el mercado de cambios y acrediten trazabilidad contable hacia el Proyecto Único.

Si bien esto facilita el cierre financiero de las operadoras, desde las cámaras empresariales remarcaron que «no mejora en absoluto el acceso al crédito ni a las divisas para la PyME proveedora, que sigue operando bajo restricciones distintas».

Frente a este escenario, los actores industriales alertaron sobre el riesgo de consolidar un modelo de enclave productivo si el régimen funciona exclusivamente como un canal de importación con beneficios arancelarios. «Un proyecto que importa sus equipos, construye, exporta y deja escaso derrame genera empleo intensivo solo durante la fase de obra, pero luego cae abruptamente por tratarse de actividades capital-intensivas», indicaron desde el sector.

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Los indicadores de actividad reflejan esa tensión en las empresas locales. Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la metalúrgica hidrocarburífera registró una retracción del 3,3% interanual. «Si la orden de compra se va afuera, se pierde taller, matricería, ingeniería de detalle y empleo calificado que después resulta muy difícil de recuperar», advirtieron fuentes fabriles.

Asimismo, las cámaras cuestionaron las estadísticas oficiales que sostienen que el 82% de las adquisiciones de los proyectos RIGI se canalizan hacia proveedores locales, al señalar que esa medición contabiliza a firmas importadoras o revendedoras radicadas en el país y no necesariamente a fabricantes con procesos productivos nacionales. «Sin transferencia tecnológica, la PyME no certifica normas, no escala y queda relegada a proveer servicios básicos como limpieza, catering o traslados, en lugar de bienes de capital», puntualizaron.

Esta discusión ya trasladó su impacto al plano político en el Congreso, donde distintos bloques impulsan modificaciones en el Senado bajo la denominación de «Súper RIGI» para fijar un piso obligatorio del 20% de proveedores nacionales y otorgar un margen de preferencia de hasta el 15% frente a la oferta importada. «Si no se corrige el esquema de integración local, el régimen corre el riesgo de perder legitimidad social y política, mientras que para las PyMEs el peligro es quedarse esperando una demanda que pasa en 2027 y no vuelve en diez años«, concluyeron las fuentes consultadas.

, Ignacio Ortiz

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