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RIGI: los proyectos energéticos ya buscan proveedores y preparan una nueva ronda de negocios con foco en petróleo y gas

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La etapa de anuncios comienza a dar paso a una instancia mucho más concreta para la industria nacional. El próximo 2 de diciembre se realizará en el Hipódromo de San Isidro la segunda ronda de negocios del RIGI, un encuentro diseñado para conectar a las empresas que lideran los grandes proyectos energéticos con proveedores de bienes, servicios, tecnología y obras de todo el país.

La convocatoria estará enfocada exclusivamente en petróleo, gas y energía, sectores que concentran buena parte de las inversiones aprobadas bajo el régimen. Según la organización, participarán 60 grandes compañías compradoras y más de 2.000 empresas proveedoras, en una de las mayores instancias de vinculación comercial impulsadas desde la puesta en marcha del esquema.

Detrás del interés que genera la jornada aparecen cifras que explican la magnitud de la oportunidad. Actualmente existen 14 proyectos energéticos aprobados dentro del RIGI que representan inversiones por aproximadamente US$49.706 millones. De ese total, cerca de US$49.000 millones corresponden a iniciativas vinculadas con petróleo y gas, mientras que el resto se concentra en proyectos energéticos, principalmente renovables.

A ese volumen de inversiones ya aprobadas se suma una segunda cartera que todavía permanece bajo evaluación. Allí aparecen 13 proyectos adicionales que, de avanzar, movilizarían más de US$117.000 millones en hidrocarburos y otros desarrollos energéticos asociados.

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Semejante escala anticipa una demanda creciente de equipamiento, servicios especializados y capacidad industrial. Fabricantes metalmecánicos, empresas de ingeniería, constructoras, compañías logísticas, proveedores de acero, contratistas petroleros y firmas tecnológicas aparecen entre los sectores con mayores posibilidades de integrarse a la cadena de abastecimiento.

Uno de los debates que empieza a instalarse alrededor del régimen está vinculado a la participación de la industria nacional. Un informe elaborado por CIPIBIC sostiene que el 66,9% de las importaciones detectadas en proyectos asociados al RIGI podría ser abastecido por producción local o por empresas radicadas en Argentina.

Ese planteo gana importancia en un contexto donde la actividad energética exhibe niveles récord. Durante septiembre de 2026 la producción de petróleo alcanzó los 973.700 barriles diarios, con un crecimiento interanual del 15%, mientras que Vaca Muerta explica cerca del 70% del volumen nacional.

Las perspectivas para los próximos años refuerzan aún más el interés de los proveedores. Las estimaciones oficiales proyectan que la balanza comercial energética cerrará 2026 con un superávit cercano a los US$12.000 millones y que hacia el final de la década podrían alcanzarse saldos superiores a los US$28.000 millones impulsados por las exportaciones de hidrocarburos.

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Más allá de los indicadores macroeconómicos, el verdadero desafío pasa por transformar esa expansión en contratos concretos para la industria local. La cadena de hidrocarburos y energía reúne actualmente cerca de 10.000 empresas proveedoras y genera alrededor de 440.000 empleos directos e indirectos, con una participación mayoritaria de pequeñas y medianas compañías.

La experiencia de la primera ronda realizada en Rosario ofrece una referencia alentadora. Aquel encuentro reunió empresas vinculadas a 43 grandes proyectos estratégicos y generó más de 2.500 reuniones comerciales entre compradores y proveedores.

Lejos de quedar como una iniciativa aislada, el esquema continuará durante 2027. Entre los planes aparece una tercera ronda de negocios con eje en minería que tendría lugar en Córdoba, ampliando el alcance sectorial de una herramienta que busca acercar a la industria argentina a las inversiones más importantes actualmente en desarrollo.

Mientras los proyectos del RIGI avanzan desde el anuncio hacia la ejecución, la discusión comienza a desplazarse hacia otra pregunta clave: cuánto de los miles de millones comprometidos terminará convirtiéndose en trabajo, producción y valor agregado para las empresas argentinas. Ese será, en definitiva, uno de los indicadores más relevantes para medir el impacto real del régimen sobre la economía nacional.

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