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Senado avanza con nueva ley de biocombustibles: cambios en biodiésel y definición de grupos económicos 

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El Senado argentino incluyó en la agenda parlamentaria de este jueves 17 de septiembre el tratamiento del proyecto de nueva ley de biocombustibles, que busca establecer un régimen con vigencia de 15 años y elevar los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol.

En las últimas horas se incorporaron modificaciones en el capítulo del biodiésel, entre ellas una definición más amplia de “grupo económico” que toma como referencia la situación societaria al 31 de diciembre de 2025. Este cambio generó reparos entre las empresas no integradas, que temen quedar clasificadas como integradas y perder acceso al segmento reservado.

El dictamen aprobado el 3 de septiembre por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda había unificado siete proyectos y establecía un corte obligatorio de 10% de biodiésel en gasoil y 15% de bioetanol en naftas a los doce meses de sancionada la ley. En bioetanol, el esquema mantiene 6 puntos para caña de azúcar, 6 para maíz y 3 flexibles.

La tensión se concentró en el biodiésel, donde el esquema diferenciaba entre empresas integradas y no integradas. Tras nuevas negociaciones, se acordó elevar del 3% al 4% la participación mínima reservada a las no integradas hasta 2036, buscando mayor consenso político y sectorial.

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En paralelo, la nueva definición de grupo económico contempla criterios de control de votos, influencia dominante, vínculos económicos especiales y principio de realidad económica. Además, establece presunción cuando una empresa posee al menos el 25% del capital y constituye la primera minoría.

Otro aspecto del debate incluyó cuestionamientos sobre el alcance temporal de la disposición y su posible tensión con el principio de irretroactividad. Sin embargo, especialistas señalaron que el artículo 7° del Código Civil y Comercial permite retroactividad prevista por ley siempre que no afecte derechos constitucionales.

Finalmente, el proyecto busca fortalecer la producción sustentable y garantizar un marco regulatorio más equilibrado, con un esquema de transición que preserve espacios para las empresas no integradas y promueva mayor competencia en el mercado de biocombustibles.

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