El buque tanque VS Promise, de bandera británica y registrado en la Isla de Man, generó un fuerte conflicto político en Tierra del Fuego. Con capacidad para transportar más de 500.000 barriles de crudo, la nave amarró en Ushuaia el lunes 24 de agosto y partió al día siguiente hacia la monoboya norte de Río Cullen, donde se prepara para cargar petróleo de la Cuenca Marina Austral.

Por su parte, el gobierno provincial emitió un comunicado institucional repudiando la presencia del tanquero en el muelle de Ushuaia y responsabilizando a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por permitir el ingreso de una bandera británica. Menos de 24 horas después, la nave quedó bajo la órbita de la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, que debe autorizar la operatoria.

De acuerdo con el marco legal vigente, la carga de hidrocarburos provinciales en la monoboya requiere supervisión técnica y ambiental de la cartera energética local. Además, el despacho comercial exige la emisión del Certificado de Origen, documento que liquida regalías y acredita la procedencia del recurso.

En su historial reciente, el VS Promise ya había intentado cargar crudo en la costa atlántica norte el pasado 13 de agosto, sin éxito. Su regreso confirma la intención de concretar el bombeo de petróleo extraído por el consorcio operado por TotalEnergies, junto a Pan American Energy (PAE) y Wintershall Dea, cuyos activos fueron absorbidos internacionalmente por la británica Harbour Energy.

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La contradicción es evidente: mientras el Ejecutivo fueguino denuncia la presencia de un buque británico en sus puertos, la operatoria logística avanza con normalidad en el norte de la provincia. La decisión de firmar o no el Certificado de Origen será clave para definir si el cargamento de crudo fueguino se exporta finalmente en una nave inglesa.

Dentro del sector energético, el episodio expone la tensión entre la política y la logística hidrocarburífera. Por un lado, el repudio público busca marcar distancia frente a la bandera británica en un territorio sensible. Por otro, la continuidad administrativa de la exportación refleja la dependencia de la infraestructura internacional para colocar el crudo en el mercado.

Así, la controversia deja planteada una encrucijada para la provincia: sostener el rechazo simbólico o validar con su firma la salida del petróleo producido en su propia jurisdicción. En cualquier caso, el movimiento del VS Promise confirma que la cadena de valor energética sigue su curso, más allá de las declaraciones políticas.

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