El caso penal contra tres directivos de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA) por contaminación ambiental en Neuquén avanzó a la etapa de juicio oral. El juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió que la causa sea juzgada por un tribunal colegiado, tras finalizar la etapa de Control de la Acusación.

La causa está vinculada al tratamiento de residuos peligrosos derivados de la actividad petrolera en la región. COMARSA, habilitada desde 2011 para procesar suelos contaminados con hidrocarburos mediante hornos especiales que eliminan químicos tóxicos, enfrenta la acusación fiscal que cuestiona el uso que la empresa dio a ese permiso.

Según la fiscalía, los responsables de la firma almacenaron material contaminante sin tratar dentro de sus instalaciones y también en terrenos lindantes que no les pertenecían. Además, la empresa habría entregado certificados falsos de suelos descontaminados, lo que les permitió continuar recibiendo residuos para procesar sin realizar el tratamiento correspondiente.

Durante la audiencia, dos defensas solicitaron el sobreseimiento de sus representados argumentando que uno de ellos era gerente suplente y otro no tenía participación en el directorio. Sin embargo, el juez Kees rechazó estos planteos y aclaró que la participación de cada imputado se determinará en el juicio: “Podría ocurrir que luego del juicio se establezca que uno de ellos no es coautor, sino partícipe primario”.

Otro punto de controversia fue el tipo de tribunal que debería juzgar el caso. La fiscalía y las querellas, representando a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y a la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro, solicitaron un jurado popular, pero el juez descartó esta opción. Argumentó que el juicio con jurado está reservado para delitos como abuso sexual o aquellos con lesiones gravísimas y penas superiores a 15 años, condiciones que no aplican en esta causa.

Con la elevación firme a juicio, el expediente se dirige hacia un debate oral que contará con la participación de alrededor de 150 testigos y peritos. El tribunal colegiado deberá establecer el grado de responsabilidad individual de los tres directivos en relación con el manejo irregular de los residuos petroleros en la cuenca neuquina.

Este proceso judicial cobra relevancia en un contexto donde, por un lado, YPF planea la creación de hasta 90.000 nuevos empleos y Neuquén marca récords de producción petrolera, pero por otro, las cámaras empresarias alertan sobre las dificultades que atraviesan los comercios y pymes de servicios en la región.

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