La salida de YPF de áreas petroleras convencionales en Chubut sumó un nuevo frente de controversia con la presentación de un amparo judicial destinado a cuestionar el acuerdo alcanzado entre la compañía y la provincia para resolver la situación del pasivo ambiental asociado a los yacimientos transferidos.

La acción fue impulsada por un grupo de vecinos, abogados ambientalistas y representantes de organizaciones civiles que solicitan la nulidad del convenio. El planteo apunta tanto al monto acordado como al alcance de las responsabilidades ambientales asumidas por las partes tras el traspaso de las concesiones.

En el centro de la disputa aparece el pago de US$ 25 millones previsto en el acuerdo firmado entre la petrolera y el Estado provincial. Los demandantes sostienen que esa cifra resulta insuficiente frente a la magnitud de los impactos acumulados durante décadas de actividad hidrocarburífera en el área de Comodoro Rivadavia.

Mientras la causa comienza a transitar el recorrido judicial, el debate también incorpora la dimensión económica de las recientes ventas de activos realizadas por YPF. La empresa obtuvo ingresos estimados en alrededor de US$ 571 millones por la transferencia de distintos bloques convencionales y activos relacionados con la operación petrolera.

Uno de los principales argumentos de quienes impulsan la demanda se vincula con la cantidad de pozos existentes dentro del ejido urbano comodorense. Según las estimaciones presentadas, habría aproximadamente 6.000 pozos, incluidos unos 1.700 inactivos y otros 3.700 catalogados como abandonados.

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Las cifras difundidas por los promotores del amparo indican que el costo de remediación podría ubicarse entre US$ 65.000 y US$ 200.000 por pozo. Bajo esos supuestos, el sellado definitivo de las perforaciones abandonadas representaría una erogación potencial significativamente superior al monto comprometido en el acuerdo provincial.

La comparación con otros procesos similares también forma parte de la discusión. En Santa Cruz, la salida de YPF de áreas convencionales derivó en un acuerdo por US$ 335 millones destinado a la evaluación y remediación ambiental de pozos vinculados a los activos transferidos.

Más allá de la cuestión económica, la causa introduce una discusión de mayor alcance para la industria. El expediente busca establecer cómo deben distribuirse las responsabilidades ambientales entre operadores salientes, nuevos concesionarios y el propio Estado en operaciones de transferencia de activos maduros.

Actualmente el proceso permanece en una etapa preliminar. Luego de que el Juzgado Federal de Rawson se declarara incompetente para intervenir, los impulsores del amparo apelaron la decisión y trasladaron el debate a una instancia superior para definir cuál será la jurisdicción encargada de analizar el reclamo.

En perspectiva, el resultado de esta controversia podría exceder el caso puntual de Chubut. Una eventual revisión judicial del acuerdo tendría capacidad para influir en futuras operaciones de venta de áreas petroleras, especialmente en los aspectos relacionados con pasivos ambientales, obligaciones de remediación y seguridad jurídica de las transferencias.

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