El gobierno volvió a postergar este martes la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) hasta el 1° de septiembre. La medida intenta evitar el impacto en la inflación por un nuevo aumento en los surtidores, pero el perjuicio para el Estado por la caída de recaudación como consecuencia de congelar la actualización de los impuestos ya supera los US$ 980 millones en los primeros ocho meses del año, según precisaron desde la consultora Economía y Energía.
Para poner la cifra en órdenes de magnitud basta decir que lo que perdió el Tesoro es más que lo que costará la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, que tiene un presupuesto de US$ 950 millones.
El Poder Ejecutivo publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto 285/2022 la postergación de la actualización del ICL y el IDC, que se mantienen sin cambios desde marzo de 2021, cuando habilitó la actualización del 38% correspondiente al cuarto trimestre de 2020. La última postergación dispuesta por el Poder Ejecutivo vencía el 1° de junio de 2022. El DNU está firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el titular de Economía, Martín Guzmán.
Se trata de impuestos sobre los combustibles que implican un monto fijo que se va actualizando cada tres meses en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Originalmente se actualiza cuatro veces por año en enero, abril, julio y octubre.
Perjuicio
Desde Economía & Energía, la consultora que lidera Nicolás Arceo, indicaron a EconoJournal que la recurrente postergación de los dos tributos que gravan la venta de naftas y gasoil (ICL e IDC), ya le ocasionaron una reducción de la recaudación del Tesoro equivalente a unos US$ 980 millones entre enero y agosto de este año.
Si a esa cifra se suma además la pérdida de recaudación por la no actualización del ICL y del Impuesto al CO2 durante nueve meses de 2021, el rojo total desde marzo del año pasado a la fecha supera fácilmente los US$ 1500 millones.
El decreto publicado este lunes advierte sobre el impacto inflacionario de una nueva suba en los surtidores, ya que «tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles«. Además, añade que resulta razonable postergar el incremento de los impuestos “con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”.
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