La Secretaría de Energía de la Nación recategorizó a mas de 15 mil usuarios que figuraban como de ingresos medios (N3) y bajos (N2) geolocalizados en zonas del AMBA sur y norte de altos ingresos (countries, clubes de campo, barrios cerrados y Puerto Madero), por la cual el Estado Nacional “asume que estos usuarios poseen una manifiesta capacidad contributiva”.

Esta medida se enmarca en el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, establecido por el Decreto 465/2024, “que tiene como objetivo garantizar una distribución eficiente, justa y transparente de los recursos públicos, asegurando que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan”, comunicó Energía.

Según el relevamiento oficial, 15.518 usuarios son alcanzados por esta medida. En el caso de los countries y barrios cerrados, se detectaron consumos eléctricos similares a los de una PYME, que duplican y hasta triplican el promedio nacional (250 kwh mensuales), describió la S.E. dependiente del ministerio de Economía.

Y se detalló que “el análisis se realizó mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica (GIS) y bases de datos espaciales (PostGIS), con datos abiertos provistos por ARBA y el OPISU” (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana).

La recategorización automática implica que estos usuarios serán excluidos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

No obstante, se habilita un procedimiento de revisión individual: los usuarios afectados podrán presentar un reclamo a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), bajo el trámite “Solicitud de revisión de subsidios energéticos”, con carácter de Declaración Jurada, y serán responsables de aportar las pruebas que justifiquen su inclusión.

La medida representa un ahorro fiscal superior a los $ 3.000 millones anuales, contribuyendo al ordenamiento macroeconómico, al saneamiento del sistema tarifario y a la reducción del gasto público improductivo, se explicó.

“Esta decisión marca un punto de inflexión: se terminó el subsidio para quienes no lo necesitan. No hay justicia en un sistema que financia el consumo de usuarios de altos ingresos con el dinero de los pagadores de impuestos”, afirmó Energía.

“El Gobierno Nacional ratifica su compromiso con una administración responsable, transparente y basada en datos, que prioriza el equilibrio fiscal y la equidad en el acceso a los servicios públicos esenciales”, remarcó el comunicado.