El gran blackout que afectó a España y Portugal a fines de abril, está directamente vinculado con dos aspectos fundamentales de la gestión del transporte de energía eléctrica: las necesidades y decisiones de la alta política y las necesidades técnicas del despacho. El corte, que desde la Argentina fue visto como un suceso para nada extraordinario, deja algunas enseñanzas: que el costo de la energía no generada es altísimo y que la transición energética no puede prescindir de una estructura técnica y normativa que acompañe la evolución y diversificación de la matriz de generación.

El lunes 28 de abril de 2025, una súbita avería desencadenó un efecto dominó en las líneas de alta tensión que conectan la red española con Portugal y con Francia: en apenas cinco segundos salieron de servicio más de 15 gigavatios, se abrió la interconexión franco-española a las 12:33 y, mientras Madrid, Lisboa y Burdeos quedaban a oscuras, trenes, hospitales y aeropuertos pasaron a generadores de emergencia; Red Eléctrica de España y REN tardaron casi diez horas en restablecer el servicio, mientras técnicos europeos investigan si el disparo inicial obedeció a inestabilidad por sobrecarga de despacho de energía solar o si se trató de un fallo de protección en cascada que evidenció la fragilidad de la malla ibérica.

Las investigaciones preliminares sobre el apagón, revelan que dicho evento fue el resultado de una secuencia de fallas encadenadas, cuyas consecuencias expusieron con crudeza ciertas vulnerabilidades estructurales del sistema eléctrico en un contexto de alta penetración de fuentes renovables.

De acuerdo con una investigación del diario “ABC”, desde el palacio de la Moncloa —sede del Gobierno español— se ordenó forzar el uso de energías renovables semanas antes del corte de electricidad para intensificar el uso de energía renovable una semana antes del masivo apagón “para presentarse ante Europa como un país pionero” en este campo. El episodio afectó a 50 millones de personas, provocó pérdidas millonarias y dejó 8 víctimas.

Según publicó el diario ABC, citando a fuentes cercanas al gobierno, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue quien ordenó al operador nacional de energía, Red Eléctrica, intensificar el uso de energía renovable una semana antes del masivo apagón “para presentarse ante Europa como un país pionero” en este campo.

Esto para cumplir el plan consensuado con Bruselas de la Administración de llevar adelante una transición energética para que, en el 2023, el 81% de la electricidad en España provenga de fuentes renovables (actualmente, la energía verde representa el 56% del total).

El incidente

La pérdida súbita de generación, se manifestó en al menos tres incidentes registrados en el sur y suroeste de la península. Uno de estos cortes, particularmente significativo, tuvo lugar apenas 19 segundos antes del colapso generalizado, lo que refleja la extrema fragilidad de la situación previa al apagón. Esta pérdida abrupta de potencia provocó una caída brusca de la frecuencia del sistema de 50hz, lo cual, a su vez, activó los mecanismos automáticos de protección, conduciendo a la desconexión de la interconexión eléctrica con Francia.
Cabe señalar que en los sistemas eléctricos con frecuencia nominal de 50 Hz, el rango seguro de operación se sitúa entre 49,8 y 50,2 Hz, mientras que la zona de alerta se extiende entre 49,5 y 49,8 Hz por debajo, y 50,2 a 50,5 Hz por encima.
Cuando la frecuencia cae por debajo de 49 Hz o supera los 51 Hz, se ingresa en un umbral de emergencia, donde se activan mecanismos automáticos de protección. Si la frecuencia continúa descendiendo y alcanza valores entre 48,5 y 48 Hz, el sistema puede entrar en riesgo de colapso total, aunque el punto exacto de quiebre depende de la arquitectura y la resiliencia específica de cada red.

Es posible que la elevada participación de las energías renovables contribuyó a exponer debilidades técnicas latentes. Entre estas, destacan dos en particular. En primer lugar, la ausencia de inercia rotacional, propia de las centrales térmicas o hidráulicas, ya que las plantas solares y eólicas conectadas mediante inversores no aportan masa rotante al sistema. En segundo lugar, la desconexión automática de los inversores, que, ante variaciones de frecuencia o tensión fuera de rango, están programados para retirarse del sistema como medida de autoprotección. Esta conducta, aunque comprensible desde un punto de vista técnico individual, puede resultar catastrófica si se produce de manera simultánea a gran escala.

Responsabilidades

La paranoia europea dejó deslizar de entrada la posibilidad de un hackeo ruso. El portal militar estadounidense SOFREP se preguntó expresamente “¿Pudo Rusia estar detrás de esto?” al comparar el corte con los ciberataques de Sandworm en Ucrania; poco después el tabloide británico Express —recogido por HuffPost— citó a los colectivos prorrusos Dark Storm Team y NoName057, que en Telegram y X llegaron a atribuirse la caída de la red española y portuguesa. Paralelamente, verificadores detectaron una campaña de desinformación que difundía montajes de supuestas noticias de The Independent y France 24 donde se culpaba a Moscú para socavar el apoyo europeo a Ucrania. Sin embargo, la línea oficial ha sido la contraria: Red Eléctrica y REN afirmaron no hallar indicios de intrusión, y el operador español reiteró ante la BBC que el fallo no obedeció a un ciberataque; el Centro Nacional de Ciberseguridad investigó la hipótesis, pero Portugal y la Comisión Europea la consideraron infundada, posición refrendada por el Foro Económico Mundial al resumir los resultados preliminares.

La oposición acusó directamente a Pedro Sánchez del apagón responsabilidad directa en el gran apagón, pero el episodio ha abierto un frente político en el que se cruzan reproches y defensas. El día después del apagón, con el 99 % del suministro restablecido, Pedro Sánchez exigió “todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados” y convocó a Red Eléctrica (REE) y a las grandes eléctricas en La Moncloa. Desde entonces, la posición oficial del Gobierno es que el origen exacto sigue bajo pesquisa —una comisión europea entregará conclusiones preliminares en unos seis meses— y que “no se descarta ninguna hipótesis”.
La oposición y parte del sector energético replican que la política de infra-inversión en resiliencia y la acelerada transición verde sí son responsabilidad del Ejecutivo. Dirigentes empresariales recuerdan que REE, operador del sistema y un 20 % propiedad del Estado, está presidido por Beatriz Corredor, exministra socialista nombrada por Sánchez; a su juicio, la red “se gestionaba al límite de sus parámetros técnicos” y el apagón era previsible. Medios británicos afines a ese discurso deslizaron incluso que el Gobierno habría probado la capacidad de la red con un “experimento” de sobrecarga renovable, versión que Bruselas no ha corroborado y que el Ministerio para la Transición Ecológica calificó de “totalmente falsa”.

Energía no suministrada

El costo de la energía no suministrada (ENS) constituye una estimación económica del perjuicio que experimentan los usuarios del sistema eléctrico cuando, por diversas razones, se interrumpe el suministro. Su propósito esencial es cuantificar el valor económico y social de aquella electricidad que, debido a fallas, apagones o desconexiones, no llega efectivamente a consumirse. En lugar de representar un costo técnico o contable, el ENS refleja una valoración económica del impacto real que dicha interrupción genera sobre la actividad de los usuarios, entendiendo por ello una pérdida tangible de bienestar, productividad o ingresos.

No se trata, por tanto, del precio que se paga por la energía, sino del valor que ésta tiene en términos de su utilidad. El cálculo del ENS se construye a partir de tres variables fundamentales. En primer lugar, se considera la cantidad de energía no suministrada, expresada habitualmente en kilovatios hora (kWh) o megavatios hora (MWh). Por ejemplo, si una planta industrial que demanda 10 MW por hora sufre un corte total de una hora, la energía no suministrada asciende a 10 MWh.

En segundo término, se estima el valor unitario del ENS, que se expresa en dólares o euros por kWh. Este valor representa la pérdida económica por cada unidad de energía no entregada y varía en función de múltiples factores: el tipo de usuario (residencial, comercial, industrial, hospitalario), la naturaleza de la actividad afectada y la existencia o no de medios de respaldo (como generadores autónomos o sistemas de almacenamiento). Dicha estimación puede provenir de encuestas, análisis sectoriales o modelos de simulación de interrupciones productivas.