En una exposición que realizó ante la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, el subsecretario nacional de Hidrocarburos, Federico Veller, se refirió a la prórroga de la Ley de Hidrocarburos que está bajo análisis parlamentario. Cuestionó por sus costos fiscales e impacto económico iniciativas en danza para redefinir la legislación vigente, y argumentó en favor de un proyecto que impulsa el gobierno.

Al respecto manifestó que “los proyectos de ley presentados en el Congreso, tanto en Diputados como en Senadores, a nuestro criterio no tienen suficiente consenso, hay oposiciones de índole individual y de índole sectorial”.

Y agregó: “Los proyectos proponen incrementos de corte de hasta el 18 %, y la aplicación de mecanismos de determinación de precios tomando como referencia la paridad de importación. En esas condiciones el biocombustible es hasta 2,2 % veces más caro que su alternativa fósil”.

“De llevarlo al 18 % (proporción de corte del combustible fósil), significaría en el caso del biodiesel un incremento de hasta 10 % en el precio del surtidor de manera inmediata. Y este incremento de precio en el surtidor, tendría como correlato directo el encarecimiento de la logística del transporte de bienes, del consumo, y en la industria, afectaría a toda la economía”, refirió.

También sostuvo que “el aumento del corte (reclamado por los productores) también genera un impacto directo en la recaudación fiscal. Por cada 1 % incremental en el corte, el impacto fiscal asciende a 55 millones de dólares por año en el caso del biodiesel y 9 millones de dólares por año en el caso del bioetanol”, señaló.

“En 5 años, la propuesta del 18 % equivale a un impacto superior en las cuentas públicas del Estado Nacional de 4.000 millones de dólares para ambos biocombustibles”, remarcó Veller.

El funcionario consideró que “La forma en que está concebido el proyecto genera ciertos privilegios a perpetuidad, de acuerdo al texto actual, imposibilitando fomentar la eficiencia, la innovación y la libertad de mercado en la industria de los biocombustibles”.

Y sostuvo que “estaríamos diciendo que luego de 20 años de promoción de esta industria, o de existencia de esta industria, vamos a continuar, por ejemplo, otros 18 años asegurando que la producción sea exclusivamente de producción nacional, tanto de las materias primas como de los productos”.

Proyecto de consenso del Ejecutivo

Veller sostuvo ante los legisladores que “Hace un año que venimos hablando y dialogando con cada uno de los actores de la cadena de biocombustibles y hay un gran coincidencia: la ley actual está completamente agotada”. “Es sumamente complejo encontrar una posición que deje contentas a todas las partes”.

El funcionario sostuvo que “Ante este escenario y a partir de múltiples contactos con todos los sectores y especialmente en diálogo con los representantes de las provincias de la Liga Bioenergética, venimos trabajando en una propuesta alternativa que para el Ejecutivo representa la posibilidad real de una ley de consenso que pueda redefinir una escenario de certidumbre, de crecimiento y evolución para la industria del biocombustible”.

Principales puntos de la propuesta del Ejecutivo

El plazo para definir el nuevo corte y dar previsibilidad a los actores sería 2027, incrementando el corte de etanol de un 12 % actual a un 15 %, y de un 7,5 % actual del biodiesel a un 10 por ciento.

La piedra angular de esta administración es el equilibrio fiscal y por eso creemos que 2027 es un buen momento para asumir los impactos que genera este incremento, señaló.

Es importante generar una transición gradual hacia un mercado libre para los biocombustibles. Proponemos 6 años para esa adecuación de los actores, y tener a partir de 2032 un escenario más libre de comercialización de biocombustibles.

En este proceso de adecuación consideramos que los cupos tienen que ir reduciéndose gradualmente hasta que ya no sean necesarios establecerlos en 2032. Una parte del mercado tiene que ir hacia la posibilidad de discutir libremente las condiciones de comercialización, no de manera inmediata pero si de manera gradual.

Tomamos de la ley (proyecto) de la Liga Bioenergética la idea de licitaciones públicas para determinación de precios y nuestra propuesta es aplicarlas durante el proceso de transición. Serán realizadas por una entidad independiente, ya no va a haber un funcionario que determine cuál es el precio.

El precio máximo de esas licitaciones durante este período va a ser la paridad de importación para ambos biocombustibles y luego, a medida que se van generando estas porciones de mercado que van a tener competencia y que van a determinar el precio libremente, encontrarán cuál es el nivel entre import parity y export parity adecuado y lógico, surgido de las fuerzas del mercado, sostuvo Veller.

A partir de 2027 podría co-procesarse materia prima no fósil en refinerías, con un crecimiento gradual hasta el 3 % en 2031, añadió el funcionario.

“Va a haber situaciones difíciles de gestionar. El mercado libre puede generar situaciones a pequeñas compañías y para eso en la nueva legislación queremos que quede asentada la posibilidad expresa de efectuar incrementos voluntarios de corte en aquellas jurisdicciones que se considere estratégico para desarrollo regional. Hay antecedentes a nivel mundial, por ejemplo algunos estados en EEUU tienen mayores cortes y los gestiona cada Estado”, describió.

“Estamos ante una oportunidad muy importante y están dadas las condiciones para encontrar un equilibrio. Invito a todos los actores de la cadena a trabajar en esta propuesta que incluye diferentes miradas y diferentes posiciones”, exhortó Veller.