A través del decreto 15/2026, el gobierno nacional realizó un enroque de funcionarios en la Entidad Binacional Yacyretá.

Por una parte aceptó la renuncia presentada por Alfonso Peña como Director Ejecutivo por Argentina en la EBY (había sido designado en 2024), y también aceptó la dimisión de Diego Luis Adúriz al cargo de Consejero de la Entidad (designado en 2025), en la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Por el mismo decreto se designó a Adúriz en el cargo de Director Ejecutivo de la EBY por un período de ley que vence el 12 de enero de 2031, y se designó a Alfonso Peña en el cargo de Consejero de la EBY para completar un período de ley que vence el 31 de marzo de 2027.

Asimismo, por el D-15/26 se aceptó la renuncia presentada por José Antonio López al cargo de Consejero de la Entidad, al tiempo que designó para ése cargo a Manuel Ignacio Chavarría por un período de ley que vence el 31 de agosto de 2026.

El Estatuto de la EBY prevé que el Consejo de Administración, como órgano de administración de dicha Entidad, estará compuesto por 8 Consejeros, 4 por la Argentina y 4 por Paraguay, y que ejercerán sus funciones por un período de cuatro años.

Asimismo, el Tratado de Yacyretá -que data de 1973 y activó el proyecto de construcción del complejo hidroeléctrico- prevé que el Comité Ejecutivo, como órgano de administración de la EBY, estará constituido por 2 Directores, uno por la Argentina y otro por Paraguay, quienes asumirán los títulos de Director Ejecutivo Argentino y de Director Ejecutivo Paraguayo, con la misma competencia y jerarquía y con igualdad de atribuciones y responsabilidades, y que ejercerán sus funciones por un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos.

Al respecto, y a través del decreto 27/03 se estableció que el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto participa con 1 representante en el Consejo de Administración de la referida Entidad Binacional-

“En virtud de las renuncias presentadas, y con el fin de garantizar el normal funcionamiento del organismo, deviene necesario aceptar esas renuncias y proceder a la designación de las autoridades de la EBY”, puntualiza el Decreto 15/26.

En mayo de 2025 los gobiernos de ambos países ratificaron acciones para asegurar el funcionamiento de la central (varias de sus turbinas venían siendo sometidas a un procedimiento de renovación), y también la distribución equitativa de la energía generada por la hidroeléctrica.

Paraguay vende a la Argentina energía que no consume, y de hecho Argentina podría utilizar hasta el 85 % de la generación disponible, siempre que Paraguay no la demande.

El documento estableció entonces mecanismos de cesión voluntaria, por los cuales Paraguay se compromete a tomar un promedio de 425 megavatios del total de 3.100 megavatios generados por Yacyretá.

También acordaron avanzar con la construcción, encarada hace varios años, de la central complementaria de Aña Cuá, que sumará 3 turbinas a las 20 que ya equipan Yacyretá. Las obras presentan un grado de avance no menor al 50 por ciento. Pero han sido aletargadas por el gobierno argentino.

En fecha reciente Argentina fijó la tarifa de producción hidroeléctrica en u$s 28 por MWh, lo que permitiría a la EBY financiar las obras restantes con fondos propios.

Fuentes del gobierno paraguayo estiman que el costo final del proyecto rondará los 600 millones de dólares. El doble de lo calculado originalmente.

El proyecto de maquinización del brazo Aña Cuá comprende la instalación de tres turbinas tipo Kaplan, de 90 MW de potencia cada una, lo que permitirá aumentar la generación de energía en aproximadamente el 10 por ciento. Ahora se estima que la primera de estas tres turbinas tipo Kaplan entre en operación a mediados de 2028.

Se estima que la central en el brazo Aña Cuá aportará recursos anuales por alrededor de 80 millones de dólares anuales.